El borrador del anteproyecto de ley, firmado por todos los representantes sindicales (excepto ELA, que asistió a reunión pero no firmó los acuerdos), incluye un incremento general de las retribuciones del 2% (esta es la cifra ya prevista desde el principio, por lo que en realidad no hay ninguna novedad, más allá de los titulares engañosos de los medios de comunicación), junto con un aumento adicional de 1% para igualar las pagas extraordinarias a las ordinarias, en virtud de los acuerdos suscritos con los sindicatos para el periodo 2007-2009. Los acuerdos con los representantes sindicales asistentes a la Mesa incluyen otros incrementos ya previstos anteriormente: un 0,5% correspondiente al fondo de pensiones, junto con los fondos adicionales para 2009, que alcanzan un 0,37% de la masa salarial en la Administración General del Estado (AGE).
Desde UNT esperábamos una actitud menos claudicante por parte de CCOO, UGT y CSI-CSIF, que ya habían anunciado incluso movilizaciones para garantizar el poder adquisitivo, pero una vez más han preferido apoyar al gobierno del PSOE y han dejado a los empleados públicos (funcionarios y laborales) nuevamente en la estacada.
CCOO lo explicaba así: "los representantes de los trabajadores, conscientes de la situación, pidieron el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo retributivo firmado en 2004 para que se posibilite el mantenimiento del poder adquisitivo".
¿Qué poder adquisitivo es el que se mantiene? ¡¡¡Pero si nuevamente renuncian a la cláusula de revisión salarial (que volverán a ignorar en las próximas negociaciones para el III Convenio Único) y la subida está por debajo del IPC y en realidad se mantiene en el 2% ya previsto!!!
Claro, esto es lo que pasa cuando los "sindicatos" progubernamentales andan de por medio, al menos mientras el Gobierno siga subvencionándoles con millones de euros (ver este artículo: http://sindicatount.blogspot.com/2008/07/163-millones-de-euros-el-precio-del.html).
Ya es hora de que los empleados públicos se unan a un sindicato de verdad como UNT, gracias al cual empiezan a legalizarse secciones sindicales en distintos organismos públicos que sí defienden sus intereses.
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