sábado, 25 de diciembre de 2010

La reforma de la pensiones supondrá una rebaja del 20% de las mismas... salvo para los políticos (ellos seguirán con sus privilegios)


Un estudio de AXA mide el impacto de las medidas que el Gobierno aprobará en enero

Retrasar el retiro hasta los 67 años reducirá la prestación entre un 17,3% y un 21,3%


La reforma de las pensiones que prevé el Gobierno supondrá un recorte de un 20% en las jubilaciones, según un
estudio de AXA.

El informe revela que el impacto de alargar el periodo de cálculo a 20 años superará el 3%. Mientras que ampliar la jubilación a los 67 significará un recorte de más de un 17%.


El informe revela cómo el impacto para el pensionista (o el ahorro para la Seguridad Social) de ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 oscila entre el 3,4% y el 4,5%, según los diferentes escenarios utilizados de edad del trabajador, salario y años cotizados.
Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación es mucho más contundente para la pensión y, por consiguiente, introduciría mucha más salud en las cuentas de la Seguridad Social. En ese caso el recorte de la prestación varía entre el 17,3% y el 21,3%.

El estudio de AXA ha tomado en cuenta los datos salariales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de pensiones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Además, ha incluido supuestos de variables económicas como una inflación media anual del 2% y una subida de salarios (que incluye el efecto de mejoras retributivas más allá de las actualizaciones anuales de sueldo) del 3,5% para algunos casos y del 3,75% para otros.

La determinación del impacto de la ampliación del periodo de cálculo es más sencilla, ya que basta con promediar las bases de cotización de los últimos 20 años, en lugar de los últimos 15.


Un aspecto a tener en cuenta es lo que sucedería si el Gobierno, además de elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión (estudia llegar incluso a los 25), sube en la misma proporción los años de cotización exigidos para acceder a una prestación contributiva (hoy son 15). Eso incrementaría el número de trabajadores que se quedan sin pensión.

Actualmente, quien ha cotizado 14 años y 11 meses no tiene pensión, y quien llega a 15 años y un mes recibe el 50% de su base de cotización. Si el Gobierno modifica ambos parámetros, el ahorro para la Seguridad Social subirá.
Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, referidos a 2006, más del 2% de los trabajadores de entonces, esto es, unos 400.000, no llegaría al mínimo de 20 años cotizados.

Entre los que sí llegaran a esos 20 años, el recorte sería más notable en función de cuántos más años hubiesen aportado a la Seguridad Social.
Pero, ¿qué pasaría si el periodo de cálculo se llevase más allá, a 25 años o, incluso, a toda la vida laboral? «En caso de que en vez de tomarse los últimos 20 años cotizados, se tomara toda la vida laboral, además de alcanzarse el óptimo en términos de contributividad y equidad, se elevaría el ahorro en unos cinco o seis puntos porcentuales más», sostiene Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA.

Algo más complejo es determinar el impacto del retraso de la edad de jubilación. AXA ha establecido la equivalencia actuarial entre la renta a recibir a los 65 años y la que correspondería a los 67 con las propias tablas que usa la Seguridad Social para el caso de rentas que se anticipan.


No hace falta ser economista, en todo caso, para determinar que la medida es beneficiosa para la Seguridad Social. Un trabajador que en vez de retirarse a los 65 años lo hace a los 67 aporta (él y, sobre todo, su empresa) dos años más de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es que, además, el sistema abona la pensión durante dos años menos. Es decir, el ahorro global es de cuatro años a efectos de Seguridad Social.

De nuevo cada caso es distinto -la propia casuística es infinita, pues no hay dos trabajadores iguales- pero las conclusiones no difieren en exceso. Trabajar dos años más y cobrar dos menos de pensión supone un ahorro para la Seguridad Social que ronda el 20%.


En general, cuanto mayor es el nivel salarial, peores son las consecuencias de retrasar la edad de jubilación. El recorte es mayor en las carreras de cotización más cortas.


Quizá es aún más relevante otro ratio, que es el que de verdad puede medir si una pensión es o no suficiente. La denominada tasa de sustitución, es decir, la ratio entre la pensión a recibir y el último salario cobrado. Esto mide cuánto cae el poder de compra al acceder a la jubilación.

Hoy por hoy, son los trabajadores de altos salarios los que más caída sufren, al estar topada la base de cotización y también la pensión máxima. Pero también son penalizados -al haber contribuido menos- quienes han cotizado pocos años.

La tendencia se agudiza con las dos medidas de recorte que llegarán al Congreso en enero. Para un salario medio, la pensión, en el caso de un trabajador que ha cotizado 35 años, representará el 73% de su último salario. Para un sueldo bajo, la tasa de sustitución es ligeramente más favorable, del 74,7%. Sin embargo, un empleado con renta alta se ha de conformar con una pensión que no llegue al 40% de su salario.

Eso sí, mientras los políticos piensan en endurecer las condiciones de las pensiones, rápidamente se han puesto de acuerdo de acuerdo todos los partidos en mantener al margen el régimen privilegiado que ellos mismos mantienen: diputados y senadores seguirán cobrando ¡¡a los 60 años!! el 80% de la pensión máxima (que es de 2.500 euros al mes) con sólo haber cotizado durante 7 años, el 90% si han cotizado 10 años, y el 100% si lo han hecho durante 12 años.

Por lo que se ve, ni a ellos les da vergüenza, ni los españoles tenemos la conciencia suficiente para dejar ya de una vez que esos "señores" nos sigan estafando de esta manera.

jueves, 16 de diciembre de 2010

La agricultura española, víctima colateral de la «luna de miel» con Marruecos


El Consejo de Ministros de la Unión Europea ratificó el pasado lunes, día 3, un nuevo acuerdo con Marruecos que, bajo la ya conocida vitola de la «liberalización», supone otro nuevo varapalo a los cítricos, frutas y hortalizas españoles, ya que es prácticamente imposible que el Parlamento Europeo —último trámite— lo paralice o anule.

De las 233.000 toneladas anuales de importación actuales se pasará a 285.000 toneladas en 2011, lo que supone, entre otros porcentajes, incrementar un 35% la entrada de naranjas y un 39% los tomates marroquíes a Europa, lo que sin duda tendrá consecuencias demoledoras para las huertas de Valencia, Almería, Canarias y Murcia. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, se calcula que el acuerdo tendrá un coste laboral de 15.000 puestos de trabajo que desaparecerán y el abandono de unas 16.000 hectáreas de cultivo, según datos de la Asociación Valenciana de Agricultores, vinculada a ASAJA.

La sombra del «lobby marroquí» vuelve, pues, a planear sobre esta cuestión ya que el llamado «Plan Verde», impulsado por el gobierno de Rabat, y que pretende incrementar la producción de cultivos de frutas y hortalizas en el país, en especial las de regadío, está respaldada financieramente por inversores y empresas españoles que, al mismo tiempo, están cerrando instalaciones en nuestro país para localizarlas en Marruecos.

Fuente: Periódico “Patria Sindicalista”. www.patriasindicalista.es

sábado, 4 de diciembre de 2010

Comunicado de UNT sobre el conflicto aéreo

Unión Nacional de Trabajadores (UNT) quiere mostrar su rechazo a la postura mantenida tanto por el Gobierno como por los representantes de los controladores aéreos a lo largo del ya largo conflicto que ha culminado con la militarización del control aéreo español.

El primer culpable de lo sucedido ha sido el Gobierno, especialmente desde que José Blanco fue nombrado Ministro de Fomento y dejó ver una actitud retadora y chulesca que se plasmó en el incumplimiento de los pactos laborales ya alcanzados con los representantes de los controladores aéreos. El 5 de febrero de 2010 el Gobierno aprobó por Decreto una regulación del tráfico aéreo que afectaba directamente al convenio colectivo del sector, algo inaceptable pero que, según la Audiencia Nacional, debía entenderse como legal por interés nacional.

La nueva situación creada dificultaba el control aéreo por suponer una limitación de las horas de trabajo –y no sólo de los sueldos– que no iba acompañada por el necesario incremento de la plantilla de controladores, por lo que al final tendrían que hacer ilegalmente más horas de las aprobadas. Dicha acumulación de horas se hizo más evidente según iba avanzando el año, de forma que en diciembre gran parte de los controladores habían llegado a su límite horario, y ello mientras AENA y el Ministerio de Fomento pretendían no contabilizar muchas de esas horas para justificar la necesaria presencia de los controladores en su puesto de trabajo en vísperas del puente festivo de principios de diciembre.

La respuesta de los representantes de los controladores (USCA) ha sido igualmente inaceptable, pues el conflicto creado debió reconducirse por los cauces legales y no recurrir por enésima vez a la presión que utiliza a los viajeros como rehenes, pues muchos alegaron bajas que no parece que fueran reales. Lo que han hecho los representantes de los controladores, como ya les pasó a los trabajadores de Metro de Madrid, es perder la razón ante la opinión pública recurriendo al chantaje de siempre, algo que UNT rechaza tajantemente.

En tal situación UNT considera que la militarización del espacio aéreo era una medida inevitable para recuperar la normalidad, pero al mismo tiempo considera que la situación se creó por culpa principalmente del propio Ministerio de Fomento. La firmeza demostrada ha sido más una pose de cara a la opinión pública que una voluntad real de solucionar el conflicto.

Finalmente UNT entiende que los servicios públicos no deben ser privatizados, y que la situación creada obedece a que, mientras se procede a su privatización, se espera que sean gestionados con criterios ajenos al derecho mercantil y laboral. No puede pretenderse que una relación laboral sea regulada por Decreto y sin respetar los convenios colectivos y los pactos salariales. O el servicio público es nacionalizado, o si se privatiza y laboraliza a su personal hay que respetar las normas laborales, pero no se puede pretender hacer las dos cosas al mismo tiempo como pretende el Gobierno.

Desde UNT apostamos porque los servicios públicos esenciales sean nacionalizados y que su personal se componga de empleados públicos.

Comunicado de UNT ante las últimas medidas económicos del Gobierno

Desde Unión Nacional de Trabajadores (UNT) queremos mostrar nuestro rechazo a las medidas del Gobierno adoptadas este viernes 3 de diciembre, precisando que algunas de ellas sí son positivas, aunque están insertadas en un contexto negativo que las hace insuficientes, contradictorias y de eficacia limitada.

Consideramos positivas las siguientes medidas:

1.- Ampliación de los supuestos de empresas que se pueden acoger a la tributación reducida del Impuesto de Sociedades del 25%, de forma que se incluye a empresas con un volumen de negocios de hasta 10 millones de euros (antes era de 8 millones), y se amplía el primer tramo de la base imponible de 120.000€ a 300.000€.

2.- La libertad de amortización o no tributación de las inversiones en Sociedades se amplía a todas las empresas y hasta el ejercicio de 2015.

3.- Simplificación de los trámites para crear empresas, de forma que se puedan crear en 24 horas. El problema burocrático ha sido siempre un lastre en España, y de esta forma se verá aliviado.

4.- Un trabajador autónomo podrá constituir una sociedad -si tiene un capital inferior a 30.000€- en un plazo de 5 días.

5.- Incremento en 1.500 del número de orientadores del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Tarde, como siempre, pero bienvenidos sean.

No son tan positivas otras medidas, destacando las siguientes:

1.- Supresión de la obligatoriedad de pagar la cuota a la Cámara de Comercio. No dudamos de que ello aliviará algo la situación económica de las empresas en peor situación económica, pero no es menos cierto que las Cámaras de Comercio prestan un servicio muy importante y van a ver reducidos sus recursos de forma dramática (el 60% de sus ingresos son la vía de las cuotas). Es más, hasta ahora la realidad es que las grandes empresas pagaba el grueso de las cuotas (el propio Gobierno reconoce que las PYMES sólo ahorrarán 90 millones de euros de los 250 del total de las cuotas que se dejarán de pagar). ¿Que será de los numerosos servicios que estas Cámaras prestaban a los pequeños empresarios? Hablamos de la ventanillas únicas, del apoyo a mujeres empresarias, a los emprendedores, etc.

2.- Eliminación del subsidio de 426€ a parados de larga duración. Que se persiga el posible fraude o el rechazo de empleos idóneos es algo que sí habría que hacer con más diligencia, sin duda, pero dejar sin recursos a quienes realmente no logran encontrar empleo, y más en una situación económica tan difícil, es injusto y tremendamente antisocial. No se puede hacer esto a los sectores más débiles. Una vez más, pagan justos por pecadores.

3.- Integración de los funcionarios de nuevo ingreso en la Seguridad Social. Es una medida sin sentido y que sólo busca la obtención de ingresos a corto plazo para la Seguridad Social, y ello sin tocar ningún problema de fondo y acabando con el Régimen Especial de Clases Pasivas (y, consiguientemente, con las mutualidades de funcionarios: MUFACE, ISFAS y MUGECU), lo que supondrá un considerable recorte en las futuras prestaciones de los colectivos afectados. Es la típica medida de un gobierno irresponsable y que no sabe qué hacer.

4.- Regulación de las Agencias Privadas de Colocación. La última Reforma Laboral ya dio luz verde a la privatización de la prestación de los servicios de desempleo, y ahora se acelera ese proceso. Prepárense los desempleados a que se les aprieten bien las tuercas con cursos ridículos, ofertas inapropiadas, etc. Estas agencias no buscarán dar empleos adecuados, sino hacer caja... Todos sabemos cómo funcionan las mutuas en los casos de accidente laboral (te dan de alta como sea), pues bien, algo parecido pasará ahora con los parados.

5.- Estatuto del Trabajador Autónomo. Sobre este tema ya se mostró en su día UNT contraria, admitiendo como positivos algunos derechos que ahora se reconocen y que se regularán definitivamente, y rechazando la legalización del "falso autónomo" como "trabajador autónomo económicamente dependiente" con menos derechos que los demás trabajadores.

6.- Privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. Esta medida sólo se le puede ocurrir a un gobierno incompetente e irresponsable a más no poder. ¿Cómo se puede privatizar un negocio tan seguro como este? Un negocio sin pérdidas, que sólo puede dar beneficios es ilógico que se privatice. ¡¡¡Es absurdo!!! ¿Tan mal están las cuentas del Estado que se está dispuesto a vender la gallina de los huevos de oro con tal de obtener un dinero en efectivo a corto plazo? Sin duda las cuentas del Estado están muchísimo peor de lo que se dice, pues si no nadie tomaría una medida tan absurda y desesperada.

7.- Privatización de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Nuevamente se habla de privatizar negocios seguros que son una gran fuente de ingresos. Ridículo, absurdo y sin más sentido que el de la desesperación de hacer caja a corto plazo como sea...

Esta es la realidad de las reformas del Gobierno y por eso no servirán para nada a medio plazo. De ahí que UNT, sin dejar de señalar que el problema es el Sistema capitalista y que hay que cambiar de Sistema, insista en la necesidad de adoptar a corto plazo las medidas siguientes:


· Medidas fiscales: IVA: reducción del IVA al mínimo legal del 15%, a fin de proponer su reducción temporal al 10%; reclasificación de los productos y actividades para incluir en los tramos del 7% y del 4% algunas actividades y productos ahora incluidos en los tramos superiores; IAE: aumento de las bonificaciones para propiciar la dinamización económica; IRPF: rebaja impositiva de los tramos más bajos a cambio de un aumento de la progresividad en los tramos más altos, de forma que se alivie la presión fiscal de quienes tienen menos recursos; Impuestos patrimoniales: eliminación de los privilegios fiscales de las SICAV (las grandes fortunas sólo tributan con ellas al 1%) y recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio hoy en proceso de eliminación.


· Medidas económicas: ICO y banca pública: incremento de los recursos económicos del ICO para garantizar el apoyo financiero de las empresas; concesión por parte del ICO de créditos sin intereses en casos especiales de interés social; aprovechamiento de la estructura del ICO para crear una banca pública nacional que esté al servicio de la economía española; las entidades bancarias que precisen una intervención pública deben aceptar la entrada del Estado en su propiedad, terminando con la política de socialización de pérdidas y privatización de ganancias; SEPI: transformación de la SEPI para que participe en la dinamización económica, incluyendo a las grandes empresas de las que dependen muchas PYMES, por medio de la intervención pública, y que evite la liquidación de las empresas viables en crisis o su deslocalización, de forma que sean saneadas y cooperativizadas; Obras públicas y VPO: incremento de las obras públicas; potenciación de las Viviendas de Protección Oficial a fin de resolver el problema de la vivienda, tratándolo como un bien básico, y no un simple negocio especulativo; Energía: más esfuerzo en materia de energías alternativas a fin de reducir la enorme dependencia española del petróleo y para reducir los costes energéticos; I+D+i: es preciso potenciar a fin de trasformar el modelo productivo español, hoy centrado en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada, en un modelo de producción de bienes y servicios de alto valor añadido.


· Medidas legislativas: Armonización del mercado interior: terminar con los 17 modelos distintos, que están teniendo un impacto muy negativo en las empresas y en la economía en general, armonizando racionalmente el mercado interior; Modificación de la legislación tributaria: a fin de hacer posibles las medidas fiscales apuntadas en primer lugar.


· Medidas políticas: Partidos políticos y sindicatos: suspensión temporal de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos; reducción temporal de los liberados sindicales, a fin de aliviar económicamente a las empresas que atraviesen por dificultades y como muestra de solidaridad sindical; Estado, CC.AA. y Ayuntamientos: reducción salarial para los cargos públicos, de forma que no se sobrepase en tres veces el SMI hasta que se supere la situación de crisis.


Pese a la necesidad de estos “cuidados paliativos”, si no se plantea seriamente el fondo del problema y las posibles soluciones, a la larga dichas medidas no servirán más que para prolongar la agonía de la economía española y poner simplemente un retardo que puede llevarnos al desastre en unas pocas décadas.




viernes, 3 de diciembre de 2010

Doney Ramírez decide bajarse de la grúa

Parece que fue ayer cuando Doney Ramírez subió a la grua de las obras de la Plaza del Padre Vallet, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para hacer compañía a su compañero Sandy. Pues de todo esto, la friolera de 9 meses.

Doney ha decidido bajarse de la grúa. Vienen fechas familiares y las fuerzas físicas no son las mismas que hace 9 meses. Eso no quiere decir que la lucha haya acabado. La lucha continua (aún si cabe con más fuerza) en otras vertientes, donde sin duda, el Sindicato UNT seguirá apoyándoles en todo lo que necesiten.

No olvidemos que esta reivindicación la empezó en el mes de febrero, David Cediel, la siguió Sandy y la ha continuado Doney. Simplemente exigen que se pague la deuda que tiene la empresa PLODER, con ESTRUCTURAS JIGAR. La cuantía asciende a más de 140.000 euros.

COMPAÑEROS DE JIGAR, ¡¡¡ SEGUIMOS CON VOSOTROS !!!