sábado, 22 de marzo de 2008

El Gobierno reconoce la crisis y busca el apoyo de los sindicatos oficiales

El Gobierno se reunió el lunes 17 de marzo con los interlocutores sociales oficiales (sindicatos progubernamentales y patronal) para debatir el plan de reinserción laboral para desempleados de la construcción y del sector inmobiliario que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaboró el pasado mes de febrero, ante el incremento del desempleo en estos sectores durante los últimos meses.

Según parece la reunión se redujo a un simple "intercambio de papeles" y se mantendrá un segundo encuentro, probablemente entre el lunes y el miércoles de la próxima semana para concretar un acuerdo.

Después de negar hasta la saciedad que hubiera ningún tipo de crisis, el Gobierno ya empieza a reconocer que la situación es preocupante, aunque aún parece ignorar que es necesario el desarrollo de otras medidas que puedan potenciar el empleo en sectores como el de la construcción, como las inversiones a corto plazo en vivienda protegida, la rehabilitación de cascos urbanos antiguos, la inversión en infraestructuras o en equipamientos públicos, etc., es decir, las medidas que hace meses debían haberse puesto en práctica y que no se pusieron para no reconocer tan cerca de las Elecciones Generales la inminencia de la crisis económica que se avecinaba. Entonces podían haberse atenuado muchos de sus efectos, pero ahora ya no va a ser tan sencillo.

Ahora será difícil recolocar a los más de 305.000 parados del sector de la construcción del mes de enero (el propio Ministerio de Trabajo reconocía hace unos días que de ellos al menos 130.000, la mayoría inmigrantes, eran de muy poco probable reciclaje laboral), y eso por no recordar la creciente crisis de otros sectores, especialmente los afectados por los procesos crecientes de deslocalización, como es el del automóvil (las producciones de Renault y Nissan se están poco a poco trasladando a Marruecos, por ejemplo, lo que hace que el panorama en España sea cada vez más oscuro).

El plan de inserción laboral previsto por el Gobierno tendrá un coste de 201 millones de euros y una vigencia temporal limitada al año 2008, aunque a la vista de la evaluación que se realice en enero de 2009, el plan podría ser prorrogado, modificado o cancelado definitivamente.

Entre las medidas más destacadas incluidas en el borrador se encuentran el refuerzo de las oficinas de empleo con 1.500 orientadores, que elaborarán un plan personalizado de inserción para cada desempleado, diversas acciones formativas para trabajadores de las oficinas de empleo, así como un crédito suplementario de 150 millones de euros para la dotación de las medidas de formación e inserción contempladas en el plan.

Además, los trabajadores podrán recibir una ayuda económica de 350 euros al mes durante un máximo de tres meses compatible con el desarrollo de su itinerario personalizado, siempre que no sean beneficiarios de prestaciones y carezcan de rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) mensual.

El borrador del plan especifica que una vez expuesto el texto a los agentes sociales, y previa aprobación del mismo en el Consejo de Ministros, el Gabinete dirigido por Jesús Caldera habrá de reunirse también con las comunidades autónomas, que tendrán que desarrollar y aplicar las medidas incluidas en el plan.

Las peticiones de UGT, como su apuesta por el reciclaje de los actuales tutores de los desempleados, además de la incorporación de 1.500 más, el carácter voluntario de las medidas que propone el Ministerio (cambio de sector laboral o movilidad geográfica), la financiación de este tipo de medidas a través de los Presupuestos Generales del Estado y la extensión del plan a todos los sectores de actividad, no cabe duda de que son necesarias, pero a estas alturas resultan claramente insuficientes y se olvidan de lo fundamental: el modelo de crecimiento que instauró el PP y que ha mantenido el PSOE, basado fundamentalmente en la intensidad de mano de obra no cualificada (y no sólo en el sector de la construcción), principalmente inmigrante, pero también española (vía precarización de las condiciones laborales). Se trata de un modelo endeble y que no crea valor añadido a la producción real, lo que unido al elevado índice de especulación y economía sumergida nos da el resultado de una economía poco competitiva en todos los sentidos. Así perdemos competitividad en producción de calidad, pero al mismo tiempo no llegamos a ofrecer condiciones laborales lo suficientemente precarias como para competir en este terreno con países como Marruecos, China, Turquía o los países de Europa del Este.

Cuidado con las noticias que pueden surgir en los próximos meses, porque todo apunta a que nuevamente se escamotearán las causas reales de la situación económica y se nos hará responsables de todo a los trabajadores (la "rigidez laboral" y todas esas falacias con las que se trata siempre de esconder la crudeza de las reformas enfocadas a restar derechos sociales y laborales a quienes somos el verdadero sostén de la economía nacional).

Es necesario conocer la esencia de los problemas económicos actuales, que radica básicamente en la forma de producción capitalista, para poder ofrecer alternativas reales: recuperación de la soberanía económica y financiera nacional, poner el capital únicamente al servicio de la producción de bienes y servicios, colocación del Hombre como eje del sistema económico, primacía del trabajo como fuente de valor y de derechos sociales, etc. Y mientras no se pueda plantear esta reforma integral, al menos garanticemos los derechos laborales que ahora tenemos.

Desde luego desde UNT denunciaremos cualquier futura reforma que perjudique a los trabajadores, esté o no avalada por los sindicatos oficiales, y se movilizará en contra.

lunes, 17 de marzo de 2008

UNT exige la retirada en su totalidad del “Power 8” en EADS-CASA

Desde hace algo más de un año, la empresa EADS-CASA (AIRBUS) está inmersa en un salvaje plan de reestructuración que afecta a 10.000 trabajadores en todo el territorio europeo, en donde España se ve afectada con 400 despidos ,es decir, el 15% de la plantilla de Airbus de toda España. Los despidos están afectando a las 4 factorías afincadas en nuestro país: Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Tablada y San Pablo (Sevilla).

Airbus tuvo durante el año 2006 unas pérdidas de 572 millones de euros (761 millones de dólares), pérdidas derivadas, según la dirección del grupo aeronáutico, de los retrasos en las entregas de los famosos aviones Airbus 380 (A380). Es por ello ante “tal pérdida”, que la dirección tuvo que recurrir al plan de ajuste de costes, bautizada con el nombre de “POWER 8”.

A primeros de Marzo el grupo EADS-CASA (AIRBUS) se imponía al todopoderoso grupo aeronáutico americano BOEING para firmar un contrato multimillonario con el Pentágono. EADS se asociará con la compañía “Northrop Grumman” para la construcción de 180 aviones cisterna KC-X, que le supondrá un ingreso de aproximadamente 26.000 millones de euros (40.000 millones de dólares).

Nos imaginaremos que la dirección de EADS ya se habrá olvidado del POWER 8 y de todas sus consecuencias. Nos imaginaremos que ante tal magnitud de esta operación, la empresa europea no se echará atrás y retirará el plan. La dirección de EADS pensará que tal carga de trabajo la desempeñarán los trabajadores sin ningún tipo de problema, eso sí con la ayuda muy especial de la precariedad, la explotación y la subcontratación masiva.

Por ello, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), exige a la dirección de EADS-CASA (AIRBUS) la retirada total del plan Power 8 y la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, ya que las pérdidas de 2006 frente al ingreso multimillonario de este contrato NO es excusa para la continuidad de la aplicación del Power 8.

martes, 4 de marzo de 2008

UNT denuncia la privatización de servicios en San Martín de la Vega y se suma a las movilizaciones convocadas

UNT denuncia el proceso de privatización y "externalización de servicios" que se está generalizando en todas las administraciones públicas, como es el caso del madrileño Ayuntamiento de San Martín de la Vega con servicios como los de limpieza, recogida de basuras o parques y jardines.

En este municipio se está presionando a los trabajadores para que voluntariamente renuncien a su condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento, es decir, de empleados públicos, y se integren en la empresa que se hará cargo de estos servicios.

UNT ha estado desde un principio con estos trabajadores, y por ello ha realizado campañas de denuncia, se ha reunido con el Comité de Empresa y ha estado presente en varios Plenos del Ayuntamiento para denunciar públicamente este atropello de los derechos de los trabajadores y la prepotencia y falta de educación de la Alcaldesa de San Martín de la Vega (del PP).

En este caso se trata de un Ayuntamiento del Partido Popular, pero lo mismo sucede en otros del PSOE, y la propia oposición del PSOE era partidaria de este proceso, aunque por interés político haya tenido una postura ambigua absteniéndose en la votación. Curiosa forma de defender los intereses de los trabajadores...

UNT rechaza este proceso de privatización por las razones siguientes:

1º Porque los servicios públicos han de ser de titularidad y gestión pública por una cuestión de principios.

2º Porque es preciso garantizar el mayor control público posible sobre los servicios públicos, algo que se consigue mucho mejor si se regulan a través del Derecho Adiministrativo que si se hace con el Derecho Civil o con el Mercantil.

3º Porque para defender la calidad en el empleo en general hay que oponerse a todo proceso que reduzca derechos y garantías laborales, y todo proceso de privatización supone perder la condición de empleado público.

4º Porque toda "liberalización" perjudica siempre a los trabajadores y sus condiciones laborales, algo que repercute en el modelo de empleo que se deja para el futuro y que heredarán nuestros hijos.

5º Porque con ello no se garantiza a los usuarios un mejor servicio público, sino únicamente el encarecimiento de éste.

Las excusas que pone la prepotente alcaldesa de San Martín de la Vega son las habituales en estos casos: que se mejorará la gestión de estos servicios (¿no es esto un reconocimiento implícito de su incapacidad como gestora?; ¿terminará privatizando la propia Alcaldía?), la modernización y los mejores medios que se tendrá para atender los servicios (algo que tendrá un elevado coste a cargo del propio Ayuntamiento, coste que la propia alcaldesa reconoce que aún no conoce...), y que se ganará en dinamismo (claro, se flexibiliza el "mercado laboral" y los posibles ajustes futuros de plantilla, es decir, despidos, no tendrían coste político alguno para el Ayuntamiento).

UNT denuncia que los motivos reales de estos procesos de privarización generalmente suelen ser otros muy distintos, aunque no siempre se pueda demostrar que así sea:

A) La primera intención suele ser la de huir del control público que se garantiza con la aplicación del Derecho Administrativo. Al pasar a aplicarse el Derecho Civil y el Mercantil, los controles públicos se reducen notablemente y se deja un margen mucho mayor a la arbitrariedad con el dinero público.
B) Otra intención habitual suele ser la de beneficiar con las concesiones a los amiguetes a los que se deben favores (especialmente cuando han apoyado al candidato elegido). Si una empresa apoya a un candidato, ¿qué mejor forma de devolver el favor que la de darle una concesión, aunque sea participando en una nueva empresa? Lo difícil en estos casos es demostrar que efectivamente se da esa relación...

C) "Flexibilizar el mercado laboral", de forma que el Ayuntamiento de turno se desprende de trabajadores y le pasa la patata caliente a una empresa, pudiendo ésta proceder a los ajustes necesarios sin coste político. Así es más fácil reducir salarios en el futuro, proceder a despidos, etc.

Las consecuencias de estos procesos son las siguientes:

1º Mayor desregulación y precarización del empleo, dejando de contar con el nivel de protección que garantiza el empleo público.

2º Reducciones salariales y despidos mucho más sencillos y sin tanto coste político, aunque para convencer a los trabajadores para que renuncien a su condición de empleados públicos siempre se recurre en un principio al caramelo de unas aparentes mejoras laborales, especialemente en meteria salarial. Lo que pasa es que nadie da duros a peseta... Y al final siempre toca pagar el peaje.

3º "Externalizaciones" que suponen servicios de peor calidad y con condiciones laborales que siempre terminan por ser peores y que suponen un menor control público del funcionamiento de los citados servicios.

4º Al final se priorizan cuestiones como las de la rentabilidad y los ajustes en los costes, de forma que el servicio público como tal pasa a un segundo plano.

UNT rechaza totalemente la privatización que está realizando el Ayuntamiento de San Martín de la Vega y va a estar al lado de sus trabajadores hasta el final. Apoyaremos activamente las movilizaciones e invitamos a todos a sumarse a las mismas.

Es preciso que todos los trabajadores, seamos del sector que seamos, nos solidaricemos con los demás trabajadores. Hoy el problema lo tienen ellos, pero mañana el problema lo tendrás tú o lo heredarán tus hijos... Por eso su problema es también nuestro problema.

Las privatizaciones y liberalizaciones nos perjudican a todos, tanto como trabajadores como en nuestra condición de usuarios. Por eso ¡acude a las concentraciones de apoyo a los trabajadores municipales de San Martín de la Vega!