sábado, 25 de diciembre de 2010

La reforma de la pensiones supondrá una rebaja del 20% de las mismas... salvo para los políticos (ellos seguirán con sus privilegios)


Un estudio de AXA mide el impacto de las medidas que el Gobierno aprobará en enero

Retrasar el retiro hasta los 67 años reducirá la prestación entre un 17,3% y un 21,3%


La reforma de las pensiones que prevé el Gobierno supondrá un recorte de un 20% en las jubilaciones, según un
estudio de AXA.

El informe revela que el impacto de alargar el periodo de cálculo a 20 años superará el 3%. Mientras que ampliar la jubilación a los 67 significará un recorte de más de un 17%.


El informe revela cómo el impacto para el pensionista (o el ahorro para la Seguridad Social) de ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 oscila entre el 3,4% y el 4,5%, según los diferentes escenarios utilizados de edad del trabajador, salario y años cotizados.
Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación es mucho más contundente para la pensión y, por consiguiente, introduciría mucha más salud en las cuentas de la Seguridad Social. En ese caso el recorte de la prestación varía entre el 17,3% y el 21,3%.

El estudio de AXA ha tomado en cuenta los datos salariales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de pensiones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Además, ha incluido supuestos de variables económicas como una inflación media anual del 2% y una subida de salarios (que incluye el efecto de mejoras retributivas más allá de las actualizaciones anuales de sueldo) del 3,5% para algunos casos y del 3,75% para otros.

La determinación del impacto de la ampliación del periodo de cálculo es más sencilla, ya que basta con promediar las bases de cotización de los últimos 20 años, en lugar de los últimos 15.


Un aspecto a tener en cuenta es lo que sucedería si el Gobierno, además de elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión (estudia llegar incluso a los 25), sube en la misma proporción los años de cotización exigidos para acceder a una prestación contributiva (hoy son 15). Eso incrementaría el número de trabajadores que se quedan sin pensión.

Actualmente, quien ha cotizado 14 años y 11 meses no tiene pensión, y quien llega a 15 años y un mes recibe el 50% de su base de cotización. Si el Gobierno modifica ambos parámetros, el ahorro para la Seguridad Social subirá.
Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, referidos a 2006, más del 2% de los trabajadores de entonces, esto es, unos 400.000, no llegaría al mínimo de 20 años cotizados.

Entre los que sí llegaran a esos 20 años, el recorte sería más notable en función de cuántos más años hubiesen aportado a la Seguridad Social.
Pero, ¿qué pasaría si el periodo de cálculo se llevase más allá, a 25 años o, incluso, a toda la vida laboral? «En caso de que en vez de tomarse los últimos 20 años cotizados, se tomara toda la vida laboral, además de alcanzarse el óptimo en términos de contributividad y equidad, se elevaría el ahorro en unos cinco o seis puntos porcentuales más», sostiene Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA.

Algo más complejo es determinar el impacto del retraso de la edad de jubilación. AXA ha establecido la equivalencia actuarial entre la renta a recibir a los 65 años y la que correspondería a los 67 con las propias tablas que usa la Seguridad Social para el caso de rentas que se anticipan.


No hace falta ser economista, en todo caso, para determinar que la medida es beneficiosa para la Seguridad Social. Un trabajador que en vez de retirarse a los 65 años lo hace a los 67 aporta (él y, sobre todo, su empresa) dos años más de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es que, además, el sistema abona la pensión durante dos años menos. Es decir, el ahorro global es de cuatro años a efectos de Seguridad Social.

De nuevo cada caso es distinto -la propia casuística es infinita, pues no hay dos trabajadores iguales- pero las conclusiones no difieren en exceso. Trabajar dos años más y cobrar dos menos de pensión supone un ahorro para la Seguridad Social que ronda el 20%.


En general, cuanto mayor es el nivel salarial, peores son las consecuencias de retrasar la edad de jubilación. El recorte es mayor en las carreras de cotización más cortas.


Quizá es aún más relevante otro ratio, que es el que de verdad puede medir si una pensión es o no suficiente. La denominada tasa de sustitución, es decir, la ratio entre la pensión a recibir y el último salario cobrado. Esto mide cuánto cae el poder de compra al acceder a la jubilación.

Hoy por hoy, son los trabajadores de altos salarios los que más caída sufren, al estar topada la base de cotización y también la pensión máxima. Pero también son penalizados -al haber contribuido menos- quienes han cotizado pocos años.

La tendencia se agudiza con las dos medidas de recorte que llegarán al Congreso en enero. Para un salario medio, la pensión, en el caso de un trabajador que ha cotizado 35 años, representará el 73% de su último salario. Para un sueldo bajo, la tasa de sustitución es ligeramente más favorable, del 74,7%. Sin embargo, un empleado con renta alta se ha de conformar con una pensión que no llegue al 40% de su salario.

Eso sí, mientras los políticos piensan en endurecer las condiciones de las pensiones, rápidamente se han puesto de acuerdo de acuerdo todos los partidos en mantener al margen el régimen privilegiado que ellos mismos mantienen: diputados y senadores seguirán cobrando ¡¡a los 60 años!! el 80% de la pensión máxima (que es de 2.500 euros al mes) con sólo haber cotizado durante 7 años, el 90% si han cotizado 10 años, y el 100% si lo han hecho durante 12 años.

Por lo que se ve, ni a ellos les da vergüenza, ni los españoles tenemos la conciencia suficiente para dejar ya de una vez que esos "señores" nos sigan estafando de esta manera.

jueves, 16 de diciembre de 2010

La agricultura española, víctima colateral de la «luna de miel» con Marruecos


El Consejo de Ministros de la Unión Europea ratificó el pasado lunes, día 3, un nuevo acuerdo con Marruecos que, bajo la ya conocida vitola de la «liberalización», supone otro nuevo varapalo a los cítricos, frutas y hortalizas españoles, ya que es prácticamente imposible que el Parlamento Europeo —último trámite— lo paralice o anule.

De las 233.000 toneladas anuales de importación actuales se pasará a 285.000 toneladas en 2011, lo que supone, entre otros porcentajes, incrementar un 35% la entrada de naranjas y un 39% los tomates marroquíes a Europa, lo que sin duda tendrá consecuencias demoledoras para las huertas de Valencia, Almería, Canarias y Murcia. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, se calcula que el acuerdo tendrá un coste laboral de 15.000 puestos de trabajo que desaparecerán y el abandono de unas 16.000 hectáreas de cultivo, según datos de la Asociación Valenciana de Agricultores, vinculada a ASAJA.

La sombra del «lobby marroquí» vuelve, pues, a planear sobre esta cuestión ya que el llamado «Plan Verde», impulsado por el gobierno de Rabat, y que pretende incrementar la producción de cultivos de frutas y hortalizas en el país, en especial las de regadío, está respaldada financieramente por inversores y empresas españoles que, al mismo tiempo, están cerrando instalaciones en nuestro país para localizarlas en Marruecos.

Fuente: Periódico “Patria Sindicalista”. www.patriasindicalista.es

sábado, 4 de diciembre de 2010

Comunicado de UNT sobre el conflicto aéreo

Unión Nacional de Trabajadores (UNT) quiere mostrar su rechazo a la postura mantenida tanto por el Gobierno como por los representantes de los controladores aéreos a lo largo del ya largo conflicto que ha culminado con la militarización del control aéreo español.

El primer culpable de lo sucedido ha sido el Gobierno, especialmente desde que José Blanco fue nombrado Ministro de Fomento y dejó ver una actitud retadora y chulesca que se plasmó en el incumplimiento de los pactos laborales ya alcanzados con los representantes de los controladores aéreos. El 5 de febrero de 2010 el Gobierno aprobó por Decreto una regulación del tráfico aéreo que afectaba directamente al convenio colectivo del sector, algo inaceptable pero que, según la Audiencia Nacional, debía entenderse como legal por interés nacional.

La nueva situación creada dificultaba el control aéreo por suponer una limitación de las horas de trabajo –y no sólo de los sueldos– que no iba acompañada por el necesario incremento de la plantilla de controladores, por lo que al final tendrían que hacer ilegalmente más horas de las aprobadas. Dicha acumulación de horas se hizo más evidente según iba avanzando el año, de forma que en diciembre gran parte de los controladores habían llegado a su límite horario, y ello mientras AENA y el Ministerio de Fomento pretendían no contabilizar muchas de esas horas para justificar la necesaria presencia de los controladores en su puesto de trabajo en vísperas del puente festivo de principios de diciembre.

La respuesta de los representantes de los controladores (USCA) ha sido igualmente inaceptable, pues el conflicto creado debió reconducirse por los cauces legales y no recurrir por enésima vez a la presión que utiliza a los viajeros como rehenes, pues muchos alegaron bajas que no parece que fueran reales. Lo que han hecho los representantes de los controladores, como ya les pasó a los trabajadores de Metro de Madrid, es perder la razón ante la opinión pública recurriendo al chantaje de siempre, algo que UNT rechaza tajantemente.

En tal situación UNT considera que la militarización del espacio aéreo era una medida inevitable para recuperar la normalidad, pero al mismo tiempo considera que la situación se creó por culpa principalmente del propio Ministerio de Fomento. La firmeza demostrada ha sido más una pose de cara a la opinión pública que una voluntad real de solucionar el conflicto.

Finalmente UNT entiende que los servicios públicos no deben ser privatizados, y que la situación creada obedece a que, mientras se procede a su privatización, se espera que sean gestionados con criterios ajenos al derecho mercantil y laboral. No puede pretenderse que una relación laboral sea regulada por Decreto y sin respetar los convenios colectivos y los pactos salariales. O el servicio público es nacionalizado, o si se privatiza y laboraliza a su personal hay que respetar las normas laborales, pero no se puede pretender hacer las dos cosas al mismo tiempo como pretende el Gobierno.

Desde UNT apostamos porque los servicios públicos esenciales sean nacionalizados y que su personal se componga de empleados públicos.

Comunicado de UNT ante las últimas medidas económicos del Gobierno

Desde Unión Nacional de Trabajadores (UNT) queremos mostrar nuestro rechazo a las medidas del Gobierno adoptadas este viernes 3 de diciembre, precisando que algunas de ellas sí son positivas, aunque están insertadas en un contexto negativo que las hace insuficientes, contradictorias y de eficacia limitada.

Consideramos positivas las siguientes medidas:

1.- Ampliación de los supuestos de empresas que se pueden acoger a la tributación reducida del Impuesto de Sociedades del 25%, de forma que se incluye a empresas con un volumen de negocios de hasta 10 millones de euros (antes era de 8 millones), y se amplía el primer tramo de la base imponible de 120.000€ a 300.000€.

2.- La libertad de amortización o no tributación de las inversiones en Sociedades se amplía a todas las empresas y hasta el ejercicio de 2015.

3.- Simplificación de los trámites para crear empresas, de forma que se puedan crear en 24 horas. El problema burocrático ha sido siempre un lastre en España, y de esta forma se verá aliviado.

4.- Un trabajador autónomo podrá constituir una sociedad -si tiene un capital inferior a 30.000€- en un plazo de 5 días.

5.- Incremento en 1.500 del número de orientadores del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Tarde, como siempre, pero bienvenidos sean.

No son tan positivas otras medidas, destacando las siguientes:

1.- Supresión de la obligatoriedad de pagar la cuota a la Cámara de Comercio. No dudamos de que ello aliviará algo la situación económica de las empresas en peor situación económica, pero no es menos cierto que las Cámaras de Comercio prestan un servicio muy importante y van a ver reducidos sus recursos de forma dramática (el 60% de sus ingresos son la vía de las cuotas). Es más, hasta ahora la realidad es que las grandes empresas pagaba el grueso de las cuotas (el propio Gobierno reconoce que las PYMES sólo ahorrarán 90 millones de euros de los 250 del total de las cuotas que se dejarán de pagar). ¿Que será de los numerosos servicios que estas Cámaras prestaban a los pequeños empresarios? Hablamos de la ventanillas únicas, del apoyo a mujeres empresarias, a los emprendedores, etc.

2.- Eliminación del subsidio de 426€ a parados de larga duración. Que se persiga el posible fraude o el rechazo de empleos idóneos es algo que sí habría que hacer con más diligencia, sin duda, pero dejar sin recursos a quienes realmente no logran encontrar empleo, y más en una situación económica tan difícil, es injusto y tremendamente antisocial. No se puede hacer esto a los sectores más débiles. Una vez más, pagan justos por pecadores.

3.- Integración de los funcionarios de nuevo ingreso en la Seguridad Social. Es una medida sin sentido y que sólo busca la obtención de ingresos a corto plazo para la Seguridad Social, y ello sin tocar ningún problema de fondo y acabando con el Régimen Especial de Clases Pasivas (y, consiguientemente, con las mutualidades de funcionarios: MUFACE, ISFAS y MUGECU), lo que supondrá un considerable recorte en las futuras prestaciones de los colectivos afectados. Es la típica medida de un gobierno irresponsable y que no sabe qué hacer.

4.- Regulación de las Agencias Privadas de Colocación. La última Reforma Laboral ya dio luz verde a la privatización de la prestación de los servicios de desempleo, y ahora se acelera ese proceso. Prepárense los desempleados a que se les aprieten bien las tuercas con cursos ridículos, ofertas inapropiadas, etc. Estas agencias no buscarán dar empleos adecuados, sino hacer caja... Todos sabemos cómo funcionan las mutuas en los casos de accidente laboral (te dan de alta como sea), pues bien, algo parecido pasará ahora con los parados.

5.- Estatuto del Trabajador Autónomo. Sobre este tema ya se mostró en su día UNT contraria, admitiendo como positivos algunos derechos que ahora se reconocen y que se regularán definitivamente, y rechazando la legalización del "falso autónomo" como "trabajador autónomo económicamente dependiente" con menos derechos que los demás trabajadores.

6.- Privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. Esta medida sólo se le puede ocurrir a un gobierno incompetente e irresponsable a más no poder. ¿Cómo se puede privatizar un negocio tan seguro como este? Un negocio sin pérdidas, que sólo puede dar beneficios es ilógico que se privatice. ¡¡¡Es absurdo!!! ¿Tan mal están las cuentas del Estado que se está dispuesto a vender la gallina de los huevos de oro con tal de obtener un dinero en efectivo a corto plazo? Sin duda las cuentas del Estado están muchísimo peor de lo que se dice, pues si no nadie tomaría una medida tan absurda y desesperada.

7.- Privatización de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Nuevamente se habla de privatizar negocios seguros que son una gran fuente de ingresos. Ridículo, absurdo y sin más sentido que el de la desesperación de hacer caja a corto plazo como sea...

Esta es la realidad de las reformas del Gobierno y por eso no servirán para nada a medio plazo. De ahí que UNT, sin dejar de señalar que el problema es el Sistema capitalista y que hay que cambiar de Sistema, insista en la necesidad de adoptar a corto plazo las medidas siguientes:


· Medidas fiscales: IVA: reducción del IVA al mínimo legal del 15%, a fin de proponer su reducción temporal al 10%; reclasificación de los productos y actividades para incluir en los tramos del 7% y del 4% algunas actividades y productos ahora incluidos en los tramos superiores; IAE: aumento de las bonificaciones para propiciar la dinamización económica; IRPF: rebaja impositiva de los tramos más bajos a cambio de un aumento de la progresividad en los tramos más altos, de forma que se alivie la presión fiscal de quienes tienen menos recursos; Impuestos patrimoniales: eliminación de los privilegios fiscales de las SICAV (las grandes fortunas sólo tributan con ellas al 1%) y recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio hoy en proceso de eliminación.


· Medidas económicas: ICO y banca pública: incremento de los recursos económicos del ICO para garantizar el apoyo financiero de las empresas; concesión por parte del ICO de créditos sin intereses en casos especiales de interés social; aprovechamiento de la estructura del ICO para crear una banca pública nacional que esté al servicio de la economía española; las entidades bancarias que precisen una intervención pública deben aceptar la entrada del Estado en su propiedad, terminando con la política de socialización de pérdidas y privatización de ganancias; SEPI: transformación de la SEPI para que participe en la dinamización económica, incluyendo a las grandes empresas de las que dependen muchas PYMES, por medio de la intervención pública, y que evite la liquidación de las empresas viables en crisis o su deslocalización, de forma que sean saneadas y cooperativizadas; Obras públicas y VPO: incremento de las obras públicas; potenciación de las Viviendas de Protección Oficial a fin de resolver el problema de la vivienda, tratándolo como un bien básico, y no un simple negocio especulativo; Energía: más esfuerzo en materia de energías alternativas a fin de reducir la enorme dependencia española del petróleo y para reducir los costes energéticos; I+D+i: es preciso potenciar a fin de trasformar el modelo productivo español, hoy centrado en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada, en un modelo de producción de bienes y servicios de alto valor añadido.


· Medidas legislativas: Armonización del mercado interior: terminar con los 17 modelos distintos, que están teniendo un impacto muy negativo en las empresas y en la economía en general, armonizando racionalmente el mercado interior; Modificación de la legislación tributaria: a fin de hacer posibles las medidas fiscales apuntadas en primer lugar.


· Medidas políticas: Partidos políticos y sindicatos: suspensión temporal de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos; reducción temporal de los liberados sindicales, a fin de aliviar económicamente a las empresas que atraviesen por dificultades y como muestra de solidaridad sindical; Estado, CC.AA. y Ayuntamientos: reducción salarial para los cargos públicos, de forma que no se sobrepase en tres veces el SMI hasta que se supere la situación de crisis.


Pese a la necesidad de estos “cuidados paliativos”, si no se plantea seriamente el fondo del problema y las posibles soluciones, a la larga dichas medidas no servirán más que para prolongar la agonía de la economía española y poner simplemente un retardo que puede llevarnos al desastre en unas pocas décadas.




viernes, 3 de diciembre de 2010

Doney Ramírez decide bajarse de la grúa

Parece que fue ayer cuando Doney Ramírez subió a la grua de las obras de la Plaza del Padre Vallet, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para hacer compañía a su compañero Sandy. Pues de todo esto, la friolera de 9 meses.

Doney ha decidido bajarse de la grúa. Vienen fechas familiares y las fuerzas físicas no son las mismas que hace 9 meses. Eso no quiere decir que la lucha haya acabado. La lucha continua (aún si cabe con más fuerza) en otras vertientes, donde sin duda, el Sindicato UNT seguirá apoyándoles en todo lo que necesiten.

No olvidemos que esta reivindicación la empezó en el mes de febrero, David Cediel, la siguió Sandy y la ha continuado Doney. Simplemente exigen que se pague la deuda que tiene la empresa PLODER, con ESTRUCTURAS JIGAR. La cuantía asciende a más de 140.000 euros.

COMPAÑEROS DE JIGAR, ¡¡¡ SEGUIMOS CON VOSOTROS !!!

viernes, 12 de noviembre de 2010

UNT pide la derogación del Decreto-Ley 5/2010 de la Junta de Andalucía

UNT apoya a la Plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública” por la derogación del Decreto-Ley 5/2010 de la Junta de Andalucía y respalda la manifestación convocada para este sábado 13 de noviembre de 2010 en Sevilla.


La Unión Nacional de Trabajadores apoya sin ambages a la Plataforma “Defiendo mi derecho y la gestión pública” en su justa movilización de las últimas semanas para pedir la derogación del Decreto-Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público de Andalucía, y respalda firmemente la manifestación convocada en Sevilla para este sábado 13 de noviembre de 2010 que exigirá su derogación.


Mediante el citado Decreto-Ley, aprobado de urgencia, la Junta de Andalucía pretende transformar la administración pública en todos sus sectores (está empezando por la administración general, pero tiene visos de continuar por sanidad, cultura, empleo, educación…), de forma que la administración pública acabe convirtiéndose en la práctica en una gran empresa privada de escala regional que puedan mangonear a sus anchas, colocando personal a dedo sin criterios de igualdad y con total opacidad, de forma que acceder a un trabajo público quede reservado para unos pocos privilegiados amigos, familiares y afines al PSOE. ¡Una verdadera cacicada de enormes proporciones en la frente de todos los andaluces y por la puerta de atrás! Por eso apoyamos las movilizaciones de la citada Plataforma.


Además, y especialmente, destacamos y celebramos con entusiasmo el carácter netamente social, sindical (en el auténtico sentido de la palabra), ciudadano e independiente de la Plataforma, surgida al margen de siglas ni intereses políticos ni de ningún tipo. El movimiento auspiciado por un grupo de funcionarios independientes, de trabajadores de la administración pública andaluza concienciados y comprometidos, se ha convertido a lo largo de las últimas semanas en un verdadero eje movilizador de una sociedad tradicionalmente aletargada por el desánimo, la corrupción institucionalizada, el clientelismo y la injusticia social, que ahora parece en parte despertar.


Sin protagonismos ni búsqueda interesada de nada, la UNT apoyará las movilizaciones convocadas y las que sigan y haga falta, sin emplear anagramas ni símbolos de nuestro sindicato, respondiendo así al espíritu limpio y auténtico de este movimiento, para lograr una verdadera independencia e igualdad de oportunidad en el acceso a la administración pública andaluza, sin enchufismos ni corrupciones, con trasparencia total y en base al esfuerzo de cada uno. Se trata del futuro de todos y de la justicia social para todos.

viernes, 29 de octubre de 2010

Ha muerto Marcelino Camacho, un sindicalista equivocado, pero honesto


Conocida la noticia de la muerte de Marcelino Camacho, desde la Unión Nacional de Trabajadores queremos mostrar públicamente nuestras condolencias a sus familiares y compañeros de Comisiones Obreras.

Nosotros, que no somos partidarios de las necrológicas que ocultan lo que no sea elogioso para el finado, creemos que Marcelino Camacho fue un hombre muy equivocado ideológicamente y consideramos que cometió errores tan notorios como el de politizar CCOO y ponerla en manos del Partido Comunista de España. Él no buscaba la división sindical que eso supuso, eso es verdad, pero lo cierto es que la unidad sindical que él quería era imposible con un sindicato tan politizado y que acabó dejando fuera a los numerosos falangistas que crearon CCOO con él y con otros muchos, que de comunistas no tenían nada, en los locales del Centro Social Manuel Mateo. Al final logró darle una orientación marxista y, paradójicamente, apoyar una transición hacia un modelo capitalista mucho más liberal que el franquista, lo que desde UNT no consideramos que haya supuesto ninguna panacea.

Al final los frutos han sido malos: la división sindical y la pérdida consiguiente de derechos laborales, algo que él mismo reconoció hace unos meses.

Fue un hombre equivocado, sí, pero también reconocemos que fue un hombre profundamente sincero y que jamás buscó su medro personal, y por ello en los últimos años estaba tan alejado de la línea oficial de CCOO. Él sí luchaba honestamente por los trabajadores, dedicando a ellos toda su vida, y desde UNT no podemos desconocer que esa vida de lucha sindical merece al menos nuestro respeto.

Una vez más, sean públicas nuestras condolencias para sus familiares y compañeros.

sábado, 9 de octubre de 2010

El Presidente de UNT entrevistado por "Patria Sindicalista"


Recientemente el periódico "Patria Sindicalista" ha entrevistado al Presidente de nuestro Sindicato, Jorge Garrido. Dicha entrevista ha sido publicada en el número 13 correspondiente al mes de octubre de 2010, y puede leerse también en este enlace:

Entrevista al Presidente de Unión Nacional de Trabajadores.

Desde UNT animamos a todos nuestros afiliados y simpatizantes a que lean "Patria Sindicalista" y se suscriban a ese magnífico periódico que siempre nos dedica un generoso hueco en sus páginas.

viernes, 8 de octubre de 2010

Nueva Sección Sindical de UNT, esta vez en Caixanova


Los afiliados de UNT en "Caixanova" han decidido crear una Sección Sindical en dicha caja de ahorros, ahora en pleno proceso de fusión y con problemas para llegar a un acuerdo laboral que garantice el empleo y los derechos laborales de los empleados, y más aún cuando el gobierno gallego está acometiendo una Ley de Cajas de dudosa legalidad de acuerdo a la legislación nacional (al menos en lo que se refiere a los Consejos Rectores).

La Sección Sindical de UNT ya cuenta incluso con espacio propio en el Portal del Empleado de Caixanova, poniéndose a disposición de todos los trabajadores de dicha caja.

Con esta última Sección Sindical, UNT incrementa su presencia en grandes empresas y organismos, siguiendo los pasos de las Secciones Sindicales de UNT en la Administración General del Estado en Ministerios como el de Defensa, en empresas de seguridad como "OMBUDS", en cadenas hoteleras como "Bahía-Príncipe", etc.

Aprovechamos la ocasión para animar a todos los afiliados de UNT a organizar nuevas Secciones Sindicales en sus empresas para llevar mejor nuestro mensaje sindicalista alterativo a todos los trabajadores.

lunes, 27 de septiembre de 2010

El Vicepresidente de UNT hablará en la radio sobre la Huelga General


El miércoles 29 de septiembre, coincidiendo con la jornada de Huelga General convocada por los pseudo sindicatos del Sistema, el Vicepresidente de Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Javier Sanz, será entrevistado por Radio RK20 (Radio de Madrid del "Corredor del Henares").

Dicha entrevista tendrá por objeto analizar la jornada de Huelga General y las repercusiones de la Reforma Laboral para los trabajadores.

Programa "La Voz de la Conciencia" de 19 a 21 horas (la entrevissta será a partir de las 19:30 hs.).

Podrá escucharse por internet en el siguiente enlace:

http://www.rk20.es/radioenvivo.htm

jueves, 23 de septiembre de 2010

Comunicado de UNT ante la Huelga General del 29-S


Aunque UNT ya ha manifestado en numerosas ocasiones su postura frente a la próxima Huelga General del 29 de septiembre, nuestro Sindicato quiere manifestar lo siguiente:

UNT considera que la Reforma Laboral es un enorme paso atrás en los derechos de los trabajadores, si bien queremos reiterar que el problema real no es la propia reforma, sino el Sistema capitalista en cuya dinámica se inserta. Ninguna protesta servirá para nada si no apunta al verdadero origen del problema: el capitalismo.

CCOO y UGT son los principales culpables de la conflictiva situación actual, ya que auparon, apoyaron y mantuvieron en el poder al mismo PSOE que ahora hace la Reforma Laboral, al mismo tiempo que han tratado por todos los medios de anestesiar a los trabajadores y desviar su atención con asuntos secundarios. Hoy los trabajadores han perdido conciencia social y sindical precisamente por culpa del apoltronamiento y aburguesamiento de CCOO y UGT. Es más, esta Huelga General la han convocado muy a su pesar y pretenden que pese a todo no desgaste al Gobierno en demasía para así no beneficiar al PP (quien en materia laboral, y eso es incuestionable, pretendía una reforma aún peor). ¡¡¡Ni siquiera ellos tienen intención de que la Huelga General sea un verdadero éxito!!! Sólo buscan justificarse como que hacen algo, nada más.

Los dos pseudo sindicatos convocantes, CCOO y UGT, están completamente desacreditados, no han querido contar con los demás sindicatos y organizaciones sociales -hasta hace un par de semanas y sólo para que les hicieran de palmeros- y cuentan con nuestro más absoluto desprecio, por lo que desde UNT animamos a nuestros afiliados a que no secunden ninguno de sus actos públicos (mítines, manifestaciones, etc.). En cualquier caso, si asistieran a alguno de ellos, les prohibimos expresamente utilizar banderas, pancartas o logotipos de UNT que pudieran dar a entender que nuestro Sindicato colabora en dichos actos junto a ellos.

Con las precisiones del punto 1º, UNT reconoce la plena legitimidad de la protesta y de la Huelga General contra la Reforma Laboral, y por ello anima a sus afiliados a que sí secunden la huelga y no vayan a trabajar el día 29. Nunca hubo una reforma laboral tan regresiva y que justificara tanto una Huelga general como esta que ha realizado el gobierno socialista. Nuestras diferencias con CCOO y UGT suponen nuestra negativa a secundar activamente las movilizaciones, pero la razón y plena justificación de las mismas hace que sí seamos conscientes de que es mejor que la huelga sea un éxito a que fracase. Si todos hiciéramos huelga el día 29 y ninguno fuéramos a los actos de CCOO y UGT, la lección se la daríamos todos los trabajadores tanto al Gobierno como a los dos falsos "sindicatos" del Sistema.

Dado que el Sindicato anima al seguimiento de la Huelga General, los afiliados que la secunden tendrán derecho a que UNT les abone el descuento en la nómina por la huelga con cargo a la Caja de Resistencia del Sindicato.

Informe de UNT: "Contenido y consecuencias de la Reforma Laboral de 2010"

Contenido y consecuencias de la Reforma Laboral de 2010


Introducción

El 17 de septiembre de 2010 fue aprobada definitivamente una nueva Reforma Laboral, la más dura de todas, tras haber pasado los diversos trámites parlamentarios. Lo primero que llama la atención es que después de que el Gobierno calificara como de muy urgente dicha reforma, optara no por la habitual vía rápida del simple Decreto-Ley (que sólo requiere convalidación parlamentaria), sino por la más lenta vía del Proyecto de Ley. ¿Por qué? La respuesta está clara: el PSOE necesitaba que todos los partidos políticos se implicaran en el proceso, de forma que así por una parte evitaba aparecer como responsable único de la reforma, y por otra lograba que las enmiendas de otros grupos parlamentarios endurecieran un poco más el texto original en unos casos, rebajando con ello su responsabilidad directa ante su electorado, y en otros que el propio PSOE apareciera como el moderador de dichas enmiendas, lo que también le justificaría de cara a su base social. Desde luego, a la vista de los resultados, da la impresión que el PSOE ha conseguido ambos objetivos.

Desde Unión Nacional de Trabajadores (UNT) queremos resaltar varios aspectos importantes de esta Reforma Laboral que supone globalmente, se mire como se mire, un nuevo retroceso en materia de derechos laborales que nos acerca un poco más al siglo XIX en esta materia. Basta con un rápido repaso para ver la dimensión real de esta Reforma Laboral, la más dura de todas las realizadas hasta este momento.


1.- Contratación temporal


· El contrato por obra o servicio determinados se limita a 3 años por el Estatuto de los Trabajadores y hasta 4 años si se permite en el convenio sectorial (afortunadamente aún no basta con acordarlo en convenio de empresa). Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.


· Cuando se tengan dos o más contratos temporales de cualquier tipo (excepto los de formación e interinidad, aunque incluyendo los contratos por ETT), que sumen 24 meses en los últimos 30 con la misma empresa o grupo –incluidos los casos de sucesión y subrogación de empresas– y haciendo cualesquiera funciones, el contrato se transforma automáticamente en indefinido. Antes se exigía que fuera ejerciendo las mismas funciones y con la misma empresa. Es una clara mejora en teoría, pero que se queda en poca cosa gracias a la facilidad que se introduce en el despido objetivo de los trabajadores indefinidos, tal y como se verá más adelante.


· La empresa tendrá que comunicar por escrito al trabajador, en el plazo de 10 días, que ha pasado a ser indefinido por cualquiera de las razones anteriores, si bien no parece probable que esto se vaya a producir (al final se tendrá que demandar para que sea reconocido). Eso sí, el trabajador puede solicitar al Servicio Público de Empleo (INEM) un documento acreditativo que puede presentara la empresa para que se produzca el reconocimiento, y será considerado como infracción laboral.


· Se amplía la edad máxima de quienes firmen un contrato para la formación, pasando de los 21 a los 25 años.


· Las dos grandes vías de fraude de ley en los contratos temporales se seguirán permitiendo:


- Contratas. La cesión ilegal de trabajadores mediante contratas seguirá estando tolerada, y ahora incluso se practicará en las administraciones públicas con más facilidad que hasta ahora.


- La sucesión de trabajadores temporales para el mismo puesto fijo. Sólo podrá evitarse en caso de que el trabajador demande judicialmente, pues nadie va a controlar esto.


· La indemnización por fin de contrato temporal pasará a ser de 12 días por año en 2015. En los contratos celebrados en 2010 y 2011 seguirá siendo de 8 días como hasta ahora, en 2012 de 9, en 2013 de 10, en 2014 de 11 y en 2015 de 12.


· Se va a permitir la contratación por ETT dentro de las Administraciones Públicas. Esto es una barbaridad, además de seguramente inconstitucional, pues es contrario al principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Esto supondrá la muerte de las bolsas de trabajo. Hasta ahora las Administraciones tenían que convocar oposiciones cada cierto tiempo con el objetivo de tener bolsa de trabajo. Ahora no va a hacer falta.



2.- Despidos


· Se rebajan los requisitos para despedir a un trabajador por faltar a su puesto de trabajo. De esta forma un trabajador puede ser despedido por causas objetivas, entre otras "por faltas de asistencia al trabajo [...] que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo".


· Despido por causas económicas. Hasta ahora era necesario que la empresa demostrara que dicho despido era necesarios para la supervivencia de la empresa. Ahora sólo tendrá que probar que "se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado". Es decir, que el mantenimiento o impulso de la posición competitiva de la empresa es causa suficiente para despedir a los empleados… Esto supone una puerta abierta a la descausalización y al despido libre.


· Despido por causas organizativas. Las causas que antes justificaban un simple cambio de horario, de jornada o un traslado ahora también justificarán el despido objetivo, e incluso se admite despedir de forma preventiva, ya que se admite dicho despido para prevenir una futura "evolución negativa" de la empresa o simplemente paramejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda”. Ya no será necesario que la empresa demuestre que existen dificultades reales, actuales y efectivas, como hasta ahora. Otra puerta abierta al despido libre sin causa, pues la causa en este caso se queda en simple papel mojado.


· El preaviso al trabajador por despido objetivo será de 15 días. Antes era de 30. En cualquier caso, la falta de preaviso no determinará la improcedencia del despido.


· Si en despido objetivo no pagan la indemnización inmediatamente y el empleado demanda, será despido improcedente. Antes era nulo, con readmisión obligatoria.


· Si en la carta de despido objetivo no se indican con detalle las causas y la justificación del mismo, será despido improcedente si el empleado demanda. Antes era nulo con readmisión obligatoria. Se trata sin duda de otro paso enorme hacia la descausalización del despido y, finalmente, del propio contrato, aunque aún no se llegue formalmente a tanto con esta reforma.


· El despido por estas causas –que ahora serán más fáciles de alegar– seguirá siendo indemnizado con 20 días por año trabajado, pero de ellos 8 se pagarán por la vía del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial, que con esto deja de cumplir con su misión principal de garantía y pasa a la de “subvencionador” del despido), dejando únicamente en 12 los días de indemnización a pagar por la empresa. Es decir, la mayoría de los despidos que antes le costaban a la empresa 45 días de indemnización, pasarán a costarle sólo 12, y el FOGASA pagará 8 que antes no pagaba… Con esto tendremos la curiosa situación de que va a resultar más fácil despedir a un trabajador que trasladarle o modificarle el horario (algo que sólo puede hacerse por razones probadas), pues en este caso el trabajador podrá rescindir el contrato y la empresa tendría que pagar como hasta ahora 20 días de indemnización ella sola.


Es decir, que la nueva receta mágica contra el paro consiste en fomentar la contratación abaratando el despido y subvencionándolo con dinero público (el FOGASA se nutre principalmente con las aportaciones empresariales, pero no por ello deja de tener carácter público). Es más, con esta Reforma Laboral el despido correcto y respetuoso con el trabajador va a ser más caro que el fraudulento. ¿Cómo es posible esta sinrazón?


Desde UNT recomendamos a los trabajadores que soliciten reducción voluntaria de jornada o que se presenten a las elecciones sindicales en su empresa, pues desde ahora estas dos vías van a ser casi las únicas para eludir un despido que ya es de hecho libre y además ahora barato.



3.- Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida


Este contrato tenía la finalidad de eludir la indemnización de 45 días por despido de un indefinido, de forma que ciertos colectivos podían contratarse con esta modalidad cuya indemnización es de sólo 33 días por año trabajado (hasta un máximo de 24 mensualidades) y evita tener que abonar los salarios de tramitación (es decir el salario completo entre el despido y la sentencia, que suelen ser unos 4 meses). Con esta Reforma Laboral dicho contrato podrá extenderse más allá de los casos hasta ahora previstos.


· Se lo van a poder hacer a jóvenes de entre 16 y 30 años, a los mayores de 45 años, a las mujeres en diversos casos, a los discapacitados, a los parados que lleven un mes inscritos en el INEM, a todo parado cuyo empleo anterior haya sido con contrato indefinido o que haya estado dos o más años con contratos temporales con cualquier empresa, etc. Es decir, a casi todo el mundo, por lo que va a ser el contrato más habitual.


Obviamente, muchas empresas captarán rápidamente que no les interesa mantener el contrato indefinido ordinario y que en muchos casos les saldrá más barato despedir a los trabajadores que lo tengan –fingiendo una renuncia voluntaria del empleado– para pasarles de inmediato a la nueva modalidad de “Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida” y así evitar que sigan engordando su futuro derecho a indemnización. ¿Qué empresa va a hacer a partir de ahora contratos indefinidos ordinarios?


· Nuevo papel del FOGASA: subvencionar con dinero público el despido. Hasta ahora siempre estuvo claro el papel del FOGASA: abonar con dinero público (el que se engrose con las cotizaciones empresariales principalmente no supone que deje de ser público) los salarios e indemnizaciones que la empresa obligada no podía pagar. Es decir, era una garantía de cobro para el trabajador, si bien era necesario que el Juez reconociera la insolvencia de la empresa.


Pues bien, a partir de ahora el FOGASA va a pagar 8 días de indemnización por año en todos los despidos colectivos y objetivos (no si son disciplinarios –en lo que no hay indemnización– o improcedentes) de trabajadores con contratos indefinidos que se firmen desde que entre en vigor la Ley y que duren más de un año, y ello sin necesidad de que la empresa sea insolvente ni de que el despido esté justificado, lo que supone que con el dinero público se van a subvencionar los despidos improcedentes ahora admitidos como “objetivos” (normalmente en la carta del despido se dice que “es por causas objetivas y se reconoce su improcedencia”), lo cual resulta absurdo y contrario al más elemental sentido común. ¿Cómo puede subvencionarse con dinero público algo ilícito (improcedente legalmente)?


Estas subvenciones a cargo del FOGASA dejarán de abonarse cuando entre en vigor el nuevo Fondo de capitalización que se anuncia.



4.- Cambios de horario, congelaciones salariales y despido parcial


· Con la nueva Reforma Laboral la distribución de la jornada de trabajo será libre dentro de cada empresa sin necesidad de hacer caso a lo que diga el Convenio Colectivo aplicable (que sólo servirá a partir de ahora para fijar el número de horas de la jornada anual), si bien los empleados a los que se les modifique el horario mantendrán su derecho al conflicto colectivo y/o demanda individual contra dicho cambio, o bien a la rescisión voluntaria de su contrato cobrando la indemnización de 20 días por año y con derecho a cobrar el desempleo.


· El llamado "descuelgue salarial" (congelación del sueldo o no aplicación de las subidas) por dificultades económicas está previsto en el Estatuto de los Trabajadores desde hace años, de forma que se podía hacer siguiendo lo estipulado al respecto en el Convenio Colectivo aplicable. Con la reforma se podrán congelar los salarios de toda la plantilla mediante pacto de empresa (independientemente de lo que diga el Convenio), aunque sólo si no hacerlo hiciera peligrar los empleos. Este pacto sólo podrá durar lo que le quede de vigencia al Convenio o, en su defecto, 3 años. Obviamente, desplazar el ámbito de negociación para reducirlo al de la empresa supone poner en desventaja negociadora a la parte más débil, que es casi siempre la de los trabajadores.


· Por causas económicas, organizativas y de producción, las empresas podrán reducir temporalmente las jornadas de sus trabajadores entre un 10% y un 70% sin pagarles indemnización alguna y sin límite de trabajadores afectados (antes esto se tenía que hacer con un ERE de reducción de jornada, si bien por esta vía no existían los límites porcentuales mencionados ni se exigía que fuera de forma temporal). Eso sí, al menos parece ser que se seguirá teniendo derecho a cobrar el desempleo parcialmente (sin descontarlo del derecho a paro acumulado, aunque ello sólo durante los primeros 6 meses), si bien un futuro Reglamento parece que puede pretender condicionarlo a que los trabajadores realicen cursos de formación.



5.- Desempleo


· Se autorizan las agencias privadas de empleo con afán de lucro: las Agencias de colocación. Es decir, se privatiza el desempleo de una forma similar a como sucede con las mutuas en los accidentes y enfermedades laborales, y el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) ya no será el único organismo competente, de forma que serán agencias privadas las que tendrán el control de las prestaciones que cobran los parados (agencias colaboradoras). Bajo la amenaza constante de perder el paro (y todos sabemos cómo funcionan las mutuas respecto a las bajas laborales), los parados tendrán que realizar con ellas estas gestiones:


1.- Renovar la demanda en la agencia.

2.- Acudir obligatoriamente a las citas de la agencia para ofertas, cursos, etc.

3.- Acudir a las entrevistas de trabajo que la agencia le concierte.

4.- Acudir a la agencia para entregar el comprobante de que han acudido a la entrevista de trabajo.

5.- Aceptar obligatoriamente las ofertas de empleo que la agencia considere adecuadas.

6.- Hacer los cursos de formación que la agencia considere adecuados.

7.- Realizar los trabajos de colaboración social que sean requeridos por la agencia.


· Las agencias tendrán acceso directo a los datos de los parados registrados en los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas, de forma que cualquier auxiliar administrativo que allí trabaje podrá conocer los historiales laborales y datos personales.


· Las agencias no podrán cobrar a los parados por sus servicios pero sí a las empresas por cualquier concepto (buscar empleados, alumnos para sus cursos, colaboradores para asuntos sociales, etc.). Por supuesto podrán cobrar las subvenciones públicas que generosamente se ofertarán “para fomentar el empleo”, por lo que este negocio promete.


Todo indica que las asociaciones de empresarios van a ser las primeras en crear este tipo de agencias de colocación, pues así tendrán acceso directo a las bases de datos de los servicios públicos de empleo, un mecanismo para cubrir los empleos que nadie quiere y sobre todo candidatos sin fin para rellenar sus cursos de formación y cobrar más subvenciones. ¡¡¡Menudo negocio!!!


· Respecto a los cursos de formación, en el Senado se incorporó, con el acuerdo de todos los grupos, la reducción a 30 días del plazo con el que cuentan los parados para rechazar cursos de formación sin ser sancionados. En el redactado original de la ley, el plazo se fijaba en 100 días. El trámite en el Senado ha incorporado un añadido del Partido Popular en el que se dice que la participación ha de ser en cursos "que se correspondan con su profesión habitual [del parado] o sus aptitudes formativas".


· En lo referente a desempleo parcial, la consunción de prestaciones generadas se producirá por horas y no por días”.



6.- Administración Pública


· Va a ser más fácil el despido del personal laboral fijo y se va a poder contratar personal por ETT, tanto fijo como temporal. Esto va a suponer el cambio más importante en la política de personal en la Administración que se haya hecho jamás en España (desaparecerán las bolsas de trabajo, dejarán de convocarse oposiciones de personal laboral, etc.). Ahora a tirar de ETT con trabajadores poco cualificados y que no exijan demasiados derechos (y en caso contrario, que la ETT mande otro). Seguramente se trate de una medida inconstitucional, pues es contraria al principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, pero ¿qué les importa? ¡¡¡Menudo chollo que va a suponer esto para las ETT!!!


· Obviamente esto afecta a todo el empleo público laboral: Administración General del Estado, autonomías, universidades, ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos (CIS, CSIC, CNI, INE, Patrimonio Nacional, etc.), agencias estatales (BOE, AEMET, etc.) y entidades públicas y empresariales (AENA, RTVE, RENFE, FNMT, ICO, etc.). El personal funcionario no se ve afectado por la Reforma Laboral por su carácter administrativo, si bien hay que recordar que desde hace unos años es posible su despido por la vía de la reorganización departamental, enviándoles a su casa sin destino y amortizando todos esos puestos. Es algo que no se hace aún, pero la posibilidad legal existe, aunque la mayoría de los funcionarios lo desconozca.


· Ahora el personal laboral fijo, además de por causas disciplinarias, podrá ser despedido en dos casos:


1.- Por causas económicas. Hasta ahora no era posible alegar esto (salvo casos como el de quiebra de un ayuntamiento, por ejemplo). Sin embargo ya no será necesario el requisito de acreditar una quiebra o similar. Bastará con alegar dificultades presupuestarias para justificar esta causa, incluida la simple previsión de evolución negativa del presupuesto.


2.- Por causas organizativas. Por ejemplo porque se decida privatizar un servicio público o externalizarlo mediante contratas con empresas o ETT. Ya no habrá obligación de reubicar al personal ni de esperar a que se jubile, desapareciendo las trabas hasta ahora existentes.



7.- Fondo de capitalización


Se trataba de la anunciada innovación estrella de la Reforma Laboral, aunque finalmente sólo se queda en proyecto y se remite a un futuro Proyecto de Ley (si bien se fija como día de entrada en vigor el 1 de enero de 2012). La idea consiste en nutrir ese Fondo de capitalización, sin incremento de las cotizaciones empresariales, para cada trabajador a lo largo de su vida laboral, de forma que “la regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo”.



8.- Jurisdicción social


Se modificará la Ley de Procedimiento Laboral para atribuir “al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores”. En este sentido hay que destacar que ya hay un Anteproyecto de Ley de Procedimiento Laboral que pretende, entre otras muchas cosas, incluir en la jurisdicción social todas las materias que de alguna forma estén conectadas con la temática social (algunas eran hasta ahora competencia del orden civil o del contencioso-administrativo).


Este es en definitiva el grueso de la Reforma Laboral del actual gobierno socialista, y su orientación está clara tras su análisis: reducción de derechos laborales, privatización de servicios públicos, subvención del despido, precarización del empleo con contratos de peor calidad y menores garantías… Se trata de una reforma que nos afecta a todos, ya sea directamente, ya sea de forma indirecta a través de nuestros familiares y amigos. Nadie puede decir que no se ve afectado de alguna manera por esta agresión a los derechos de los trabajadores.


La Huelga General convocada por los pseudo sindicatos del Sistema para el 29 de septiembre se basa, pues, en una serie de razones imposibles de negar, lo que hace que la contestación a la Reforma Laboral esté plenamente justificada (aunque obviamente llega con dos años de retraso, como UNT lleva demandando desde 2008). Los convocantes están desprestigiados ante los trabajadores y ante la opinión pública, y ello fundamentalmente por su complicidad con el gobierno más nefasto que se recuerda en España y su falta de respuesta y de propuestas ante la crisis capitalista que hemos soportado en los últimos años y que ellos mismos negaron hasta el último día. Es más, ni siquiera buscan dar una respuesta social unitaria ni se proponen mantener indefinidamente la presión al Gobierno para que dé marcha atrás. CCOO y UGT sólo quieren repetir su actuación de otras veces.: hacer un poco de ruido y olvidarse del asunto.


Ahora bien, ¿alguien puede negar que esta Reforma Laboral necesita una contestación popular contundente? Por desgracia, si la respuesta social no es importante, las consecuencias serán aún peores, y a esta reforma seguirá la de las pensiones y quién sabe cuántas más…