La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el pasado 12 de noviembre dos medidas que en teoría pretenden favorecer a los trabajadores. La primera de ellas es que la indemnización por despido objetivo individual o colectivo (es decir, por Expedientes de Regulación de Empleo) estará exenta de IRPF hasta los 45 días por año trabajado (de salario bruto con pagas extras incluidas), de forma análoga a la indemnización por despido improcedente (hasta ahora sólo estaban exentos los 20 primeros días de la indemnización). Es decir, sólo se pagará a Hacienda por el importe que corresponda a partir del día 46 en adelante. La segunda medida es que los trabajadores incluidos en un ERE de reducción de jornada podrán cobrar el desempleo correspondiente a la parte de jornada que les quiten sin límite de tiempo (hasta ahora sólo lo podían cobrar durante 4 meses, y si después lo querían seguir cobrando sólo podía ser a costa del paro que tenían acumulado por el tiempo previamente cotizado).
Lo más curioso de todo es que la primera medida ha sido propuesta por PP y CiU y la segunda por el PNV, algo que sólo podía ser entendido si tenía algún truco detrás, aunque el PSOE las haya aprobado también (ya se sabe que el PSOE en lo económico no es precisamente muy “de izquierdas”).
Para todo aquél que no sepa cómo funcionan los ERE puede parecer incomprensible, pero para UNT –que sabe cómo funcionan y que por desgracia los vive muy de cerca- la razón es evidente: se busca fomentar la aceptación de los ERE por parte de los trabajadores afectados y sus representantes (conformándose con la indemnización mínima de 20 días por año de trabajo), dado que la Autoridad Laboral siempre aprueba los ERE que le llegan con acuerdo de las partes, aunque no existan razones económicas de peso que lo justifiquen. Obviamente, cuando hay desacuerdo sí tienen que estudiarlo y comprobar que existen causas claras y probadas (en caso contrario los deniegan y se mantienen los empleos), y en caso de no haberlas sólo son posibles los despidos improcedentes con 45 días de indemnización por año trabajado (por eso normalmente se ofrecen indemnizaciones de 35 días, tratando de evitar que la Autoridad Laboral desautorice el ERE). Obviamente esto es así porque la mayoría de los trabajadores desconoce sus derechos y prefiere firmar lo que sea con tal de "pasar de follones", mientras que los que están sindicados y defienden sus intereses, saben esos 35 días brutos se quedan finalmente en 25 netos –o incluso menos- tras pagar impuestos, por lo que prefieren no firmar si el ERE no está suficientemente justificado (y es que, aunque lo estuviera, al final la indemnización apenas varía). Y es que no olvidemos una cosa: el ERE se justifica porque existen unas causas objetivas, pero si estas no existen recurrir a esa figura es una forma clarísima de fraude, por lo que la incitación a la firma de un ERE amistoso es una forma de animar al fraude con el dinero público.
Y es que, lógicamente, estas medidas van a suponer un aumento del fraude empresarial con los ERE, ya que animarán a muchos trabajadores a firmarlos, pues las empresas pondrán a la plantilla a media jornada, con el ahorro correspondiente de sueldos y cotizaciones, y de esa mitad de sueldo que se les reduce, el paro les pagará el 70% sin límite de tiempo. Claro, con la excusa de la crisis luego muchos trabajadores se verán obligados a seguir trabajando a jornada completa, posiblemente cobrando el 30% de la reducción en “negro” (con la crisis se hacen aún más ventas sin el IVA, ya se sabe). Es decir, que muchos de los trabajadores afectados seguirán cobrando lo mismo, sus empresas reducirán un 20% sus costes de sueldos y un 50% los costes de Seguridad Social, y al mismo tiempo mantendrán igual la producción y las ventas...
Todo parece perfecto, pero claro, como es lógico todo esto lo vamos a tener que pagar entre todos, especialmente entre los trabajadores (ya se sabe que el 75% de los empresarios declaran a Hacienda como mileuristas). Y luego nos vendrán con eso de que la caja de la Seguridad Social no aguanta, que hay que alargar la vida laboral (la Ministra de Economía ya está sugiriendo alargarla hasta los 70 años), etcétera.
Por ello UNT quiere dejar claro que no se deben facilitar los ERE: si un ERE está objetivamente justificado, basta la legislación actual para que sea autorizado, y aunque las medidas aprobadas no sean en sí mismas negativas, su finalidad sí lo es, por lo que se deben seguir rechazando todos los ERE que no estén plenamente justificados por las razones económicas legalmente reconocidas.
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