Gobierno y oposición están preparando una nueva convocatoria del Pacto de Toledo para iniciar la reforma del sistema de pensiones. La propuesta podría ser la de ampliar de forma gradual a 20 años el periodo cálculo de la cotización (actualmente es de 15 años), lo que bajaría las pensiones una media de 60 euros, aunque las dos formaciones han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las prestaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe un 30%.
Según revela un informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. La consultora estima en más de un 5% la reducción, alrededor de unos 60 euros, a los que habría que sumar otra reducción del 5% aprobada en la reforma de 1997. Es decir, en total, las últimas reformas del sistema (si sale adelante la actual propuesta) rebajarán hasta un 10% el importe de las pensiones de los españoles.
En teoría, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la mayoría de ellos. Saldrían beneficiados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados son los mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión.
Según el estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), para una ampliación del periodo de cálculo hasta 45 años (que se acerca mucho al supuesto de determinar las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral), las prestaciones por retiro caerían un 30%.
En diciembre de 2006 ya el vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendía públicamente una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”. Y en el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido es que el sistema actual es insostenible y que la única forma de garantizar su viabilidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, una argumentación falsa con la que se pretenden ocultar los verdaderos defectos del actual sistema de Seguridad Social y, de paso, fomentar la idea de la necesidad de generalizar fondos privados de pensiones que actúen de forma complementaria (para mayor gloria de las entidades financieras, claro).
Por cierto, ni qué decir tiene que nada de lo anterior afecta a las pensiones de los políticos: con dos legislaturas seguirán teniendo derecho a la pensión máxima legal de jubilación… ¿Cómo es posible que esos estafadores de la política nos tomen el pelo así y los españoles nos dejemos?
En los próximos meses veremos cómo se convoca el Pacto de Toledo y se plantean todas estas cuestiones. ¿Estarán dispuestos los “sindicatos” del pesebre a dar la batalla para impedir este atropello? Se admiten apuestas...
Según revela un informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. La consultora estima en más de un 5% la reducción, alrededor de unos 60 euros, a los que habría que sumar otra reducción del 5% aprobada en la reforma de 1997. Es decir, en total, las últimas reformas del sistema (si sale adelante la actual propuesta) rebajarán hasta un 10% el importe de las pensiones de los españoles.
En teoría, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la mayoría de ellos. Saldrían beneficiados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados son los mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión.
Según el estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), para una ampliación del periodo de cálculo hasta 45 años (que se acerca mucho al supuesto de determinar las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral), las prestaciones por retiro caerían un 30%.
En diciembre de 2006 ya el vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendía públicamente una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”. Y en el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido es que el sistema actual es insostenible y que la única forma de garantizar su viabilidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, una argumentación falsa con la que se pretenden ocultar los verdaderos defectos del actual sistema de Seguridad Social y, de paso, fomentar la idea de la necesidad de generalizar fondos privados de pensiones que actúen de forma complementaria (para mayor gloria de las entidades financieras, claro).
Por cierto, ni qué decir tiene que nada de lo anterior afecta a las pensiones de los políticos: con dos legislaturas seguirán teniendo derecho a la pensión máxima legal de jubilación… ¿Cómo es posible que esos estafadores de la política nos tomen el pelo así y los españoles nos dejemos?
En los próximos meses veremos cómo se convoca el Pacto de Toledo y se plantean todas estas cuestiones. ¿Estarán dispuestos los “sindicatos” del pesebre a dar la batalla para impedir este atropello? Se admiten apuestas...
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