El ya de por sí nefasto Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (ese cajón de sastre que suelen aprovechar los gobiernos para colar de rondón normas más o menos problemáticas que, de esta manera pasan más desapercibidas y requieren menos trámites y controles, especialmente en las “leyes de acompañamiento”) ha incluido en su articulado algunas disposiciones que vienen a modificar el régimen de las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y quedaría modificado de forma sustancial.La modificación consiste en rebajar un 25% la pensión a todas las personas acogidas a Clases Pasivas que hubieran pasado a la situación de retiro por dichas causas antes de los 20 años de servicio o antigüedad. También impone un régimen de incompatibilidades para dicho personal si se efectúan otros trabajos remunerados que les permita su situación de incapacidad. En este caso se vería reducida la pensión en un 45%.
UNT denuncia que esta medida supone un recorte importante en los derechos sociales de los funcionarios e incluso altera el derecho constitucional al trabajo al modificar también el régimen de incompatibilidad de estas ayudas económicas con el trabajo en el sector privado, además de suponer un corte radical con el principio de incompatibilidad de quien percibe una pensión y no puede prestar ninguna actividad.
¿A qué esperan los demás “sindicatos” para denunciar este abuso que el Gobierno del PSOE está a punto de perpetrar contra los funcionarios y responder con la contundencia necesaria?
Ah, claro, que no es conveniente criticar demasiado a un gobierno “progresista”, y menos aún si financia generosamente el pesebre…
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