sábado, 22 de marzo de 2008

El Gobierno reconoce la crisis y busca el apoyo de los sindicatos oficiales

El Gobierno se reunió el lunes 17 de marzo con los interlocutores sociales oficiales (sindicatos progubernamentales y patronal) para debatir el plan de reinserción laboral para desempleados de la construcción y del sector inmobiliario que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales elaboró el pasado mes de febrero, ante el incremento del desempleo en estos sectores durante los últimos meses.

Según parece la reunión se redujo a un simple "intercambio de papeles" y se mantendrá un segundo encuentro, probablemente entre el lunes y el miércoles de la próxima semana para concretar un acuerdo.

Después de negar hasta la saciedad que hubiera ningún tipo de crisis, el Gobierno ya empieza a reconocer que la situación es preocupante, aunque aún parece ignorar que es necesario el desarrollo de otras medidas que puedan potenciar el empleo en sectores como el de la construcción, como las inversiones a corto plazo en vivienda protegida, la rehabilitación de cascos urbanos antiguos, la inversión en infraestructuras o en equipamientos públicos, etc., es decir, las medidas que hace meses debían haberse puesto en práctica y que no se pusieron para no reconocer tan cerca de las Elecciones Generales la inminencia de la crisis económica que se avecinaba. Entonces podían haberse atenuado muchos de sus efectos, pero ahora ya no va a ser tan sencillo.

Ahora será difícil recolocar a los más de 305.000 parados del sector de la construcción del mes de enero (el propio Ministerio de Trabajo reconocía hace unos días que de ellos al menos 130.000, la mayoría inmigrantes, eran de muy poco probable reciclaje laboral), y eso por no recordar la creciente crisis de otros sectores, especialmente los afectados por los procesos crecientes de deslocalización, como es el del automóvil (las producciones de Renault y Nissan se están poco a poco trasladando a Marruecos, por ejemplo, lo que hace que el panorama en España sea cada vez más oscuro).

El plan de inserción laboral previsto por el Gobierno tendrá un coste de 201 millones de euros y una vigencia temporal limitada al año 2008, aunque a la vista de la evaluación que se realice en enero de 2009, el plan podría ser prorrogado, modificado o cancelado definitivamente.

Entre las medidas más destacadas incluidas en el borrador se encuentran el refuerzo de las oficinas de empleo con 1.500 orientadores, que elaborarán un plan personalizado de inserción para cada desempleado, diversas acciones formativas para trabajadores de las oficinas de empleo, así como un crédito suplementario de 150 millones de euros para la dotación de las medidas de formación e inserción contempladas en el plan.

Además, los trabajadores podrán recibir una ayuda económica de 350 euros al mes durante un máximo de tres meses compatible con el desarrollo de su itinerario personalizado, siempre que no sean beneficiarios de prestaciones y carezcan de rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) mensual.

El borrador del plan especifica que una vez expuesto el texto a los agentes sociales, y previa aprobación del mismo en el Consejo de Ministros, el Gabinete dirigido por Jesús Caldera habrá de reunirse también con las comunidades autónomas, que tendrán que desarrollar y aplicar las medidas incluidas en el plan.

Las peticiones de UGT, como su apuesta por el reciclaje de los actuales tutores de los desempleados, además de la incorporación de 1.500 más, el carácter voluntario de las medidas que propone el Ministerio (cambio de sector laboral o movilidad geográfica), la financiación de este tipo de medidas a través de los Presupuestos Generales del Estado y la extensión del plan a todos los sectores de actividad, no cabe duda de que son necesarias, pero a estas alturas resultan claramente insuficientes y se olvidan de lo fundamental: el modelo de crecimiento que instauró el PP y que ha mantenido el PSOE, basado fundamentalmente en la intensidad de mano de obra no cualificada (y no sólo en el sector de la construcción), principalmente inmigrante, pero también española (vía precarización de las condiciones laborales). Se trata de un modelo endeble y que no crea valor añadido a la producción real, lo que unido al elevado índice de especulación y economía sumergida nos da el resultado de una economía poco competitiva en todos los sentidos. Así perdemos competitividad en producción de calidad, pero al mismo tiempo no llegamos a ofrecer condiciones laborales lo suficientemente precarias como para competir en este terreno con países como Marruecos, China, Turquía o los países de Europa del Este.

Cuidado con las noticias que pueden surgir en los próximos meses, porque todo apunta a que nuevamente se escamotearán las causas reales de la situación económica y se nos hará responsables de todo a los trabajadores (la "rigidez laboral" y todas esas falacias con las que se trata siempre de esconder la crudeza de las reformas enfocadas a restar derechos sociales y laborales a quienes somos el verdadero sostén de la economía nacional).

Es necesario conocer la esencia de los problemas económicos actuales, que radica básicamente en la forma de producción capitalista, para poder ofrecer alternativas reales: recuperación de la soberanía económica y financiera nacional, poner el capital únicamente al servicio de la producción de bienes y servicios, colocación del Hombre como eje del sistema económico, primacía del trabajo como fuente de valor y de derechos sociales, etc. Y mientras no se pueda plantear esta reforma integral, al menos garanticemos los derechos laborales que ahora tenemos.

Desde luego desde UNT denunciaremos cualquier futura reforma que perjudique a los trabajadores, esté o no avalada por los sindicatos oficiales, y se movilizará en contra.