jueves, 24 de enero de 2013

UNT rechaza la privatización del Registro Civil

El Registro Civil se privatiza por mucho que maquillen la ley. Gallardón consuma su proyecto y entrega el registro a los Registradores de la Propiedad y Notarios.

En dicho borrador, queda cristalino que los Registradores y Notarios, ya no van a tener que preocuparse por su futuro económico. Por si no hubieran ganado suficiente con la burbuja inmobiliaria, reventada ésta, el Ministro de Justicia y el Gobierno les facilita una salida, eso sí a costa de los ciudadanos. Porque somos los ciudadanos quienes vamos a tener que preocuparnos por nuestro bolsillo. 

El Gobierno ha cedido a las presiones de Registradores y Notarios y les da la facultad de celebrar matrimonios, inscribir, expedir certificaciones, etc., previo pago, claro está, del correspondiente arancel y sin perjuicio de volver a pasar por caja cuando el Registrador tenga a bien inscribir el matrimonio. 

Es decir, los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que pongan y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello que correspondía al Registro Civil era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAN PAGADO CON ANTELACIÓN VÍA IMPUESTOS. 

A la ley de tasas, que es una clara limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, en función de los recursos económicos de que se dispone, le sigue esta modificación de la Ley del Registro Civil. ¿Hasta donde aguantará la ciudadanía contra este expolio? Porque no es ni más ni menos que un expolio, un atraco con total y absoluta alevosía, maquillándolo con la excusa de que así funcionará mejor. 

Esa no es la vía, evidentemente, sencillamente no han querido NUNCA que la Justicia funcionase debidamente, no por los funcionarios, que hemos estado y seguimos estando empujando para que funcionase lo mejor posible, pero que no nos dejan ni organizar la Administración para que funcione rápida, segura y clara, si no que, al mismo tiempo, nos van poniendo zancadillas y entorpeciendo nuestra labor cara al público, para que éste "eche pestes" de los funcionarios, cuando los verdaderos culpables y autores de este desaguisado, no son ni más ni menos, que un gobierno (y los anteriores) y unos jefecillos puestos a dedo, quienes nos impiden dar un servicio público acorde a los tiempos actuales.

Lo que nos quieren imponer no es sólo vaciar de contenido la Administración Pública en general si no también la de Justicia en particular.

Con las sucesivas reformas al respecto, con la pretensión maquilladora de dar una imagen de "modernización" de la Administración, no hacen más que socavar no sólo todo su contenido, si no también su funcionamiento. Dejando a la misma exenta de funciones, de competencias, de personal, de estructura, etc... para hacer pasar todo ello (salvo el personal, por supuesto) a entidades y/o personas (ya sean semipúblicas o privadas totalmente), dejando en sus manos única y exclusivamente, una serie de características y contenido que debiera pertenecer en exclusiva al Estado y, en concreto, a la Administración.

Esto significa ni más ni menos que un “corralito” de amiguetes del gobierno de turno, con quienes "repartir" lo que únicamente ha de pertenecer a la Administración y a nadie más, ya que supondría, desgajar de la estructura del Estado, unas funciones, competencias, personal, estructura, etc.. que sólo debe pertenecer al Estado por medio de una Administración debidamente estructurada para que funcione cada vez mejor y que sirva de verdad a la sociedad a la que va destinada.

Como colofón, el dejar sin contenido todo ello, no hace más que dejar una Administración "fantasma", una Administración en coma. Es decir, existe sobre el papel pero al no contener nada, es un mero utensilio inservible, que harán desaparecer. Haciendo creer a la sociedad que es privatizándolo como va a mejorar.

Nada más lejos de la realidad. La existencia de la Administración, fundamentalmente, se creó para evitar que sus funciones recayeren en manos privadas con lo que eso suponía de intercambio de prebendas, "sobres", beneficios personales, etc., y que los expedientes estuvieran en manos ajenas e independientes de las privadas, para que no hubiere este tipo de intercambio de favores.

Hay mucho que hablar del funcionamiento de la Administración, cosa que iremos haciendo desde aquí y en donde haga falta.

Seguiremos informando al respecto.

Javier Giner Vila

Secretario de la Sección Sindical de Justicia
de U.N.T. de la Comunidad Valenciana.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Gracias. Al respecto:

Me pregunto si, según la ley española, uno tiene derecho a saber la fecha de nacimiento de cualquier persona, en especial de gente conocida o importante.

En línea con ello, me pregunto si todos los datos del Registro Civil son confidenciales o privados o si algunos como la fecha de nacimiento no lo son (tal vez podrían ser de acceso público).

Se agradecerían enlaces al BOE, etc.

Se puede responder libremente en http://www.adslzone.net/postt353602.html

Gracias

UNT dijo...

Se pueden pedir los datos de los Registros Civiles, haciendo la oportuna solicitud que requiere una breve justificación de la petición.

La legislación española en materia de protección de datos no permite una mayor publicidad de esos datos.

No obstante, como no somos expertos en esas materias, sino en derecho laboral, si cualquier entendido nos quiere puntualizar algo al respecto...

Un saludo.