El Gobierno socialista da un nuevo golpe a los trabajadores, pero el problema es otro: el capitalismo

El pasado viernes 26 de agosto de 2011, aprovechando la tranquilidad del periodo estival, el Gobierno socialista aprobó un nuevo paquete de medidas laborales que, con la excusa de fomentar la contratación –sobre todo de jóvenes parados–, supone un nuevo golpe a los derechos laborales de los españoles, precarizando aún más el empleo y condenando a miles de jóvenes a la inestabilidad laboral y a una mayor falta de perspectivas profesionales. Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechaza esta reforma tremendamente negativa (aunque, como siempre, algún detalle menor pueda ser positivo), muy contraproducente y tramposa, que se ha aprobado en el mes de agosto para no dar tiempo al debate y que se ha defendido con unos argumentos simplistas en unos casos y abiertamente falaces en otros, engañando completamente a la opinión pública con palabrería hueca y falsa.

1.- Contratos temporales

El “Real-Decreto Ley de Medidas Urgentes para la promoción del empleo” aprobado el pasado 26 de agosto suspende durante dos años la casi única medida positiva que tuvo la reforma laboral de 2010 y que consistió en que encadenar contratos temporales durante 24 meses o más en un período de 30 meses dentro de la misma empresa, suponía la conversión automática del contrato temporal en indefinido. En 2006 ya se había introducido una medida similar, sólo que de efectos limitados (los contratos debían ser en el mismo puesto y empresa) y que la reforma de 2010 amplió a contratos de cualquier puesto y en cualquier empresa de un mismo grupo.

El Gobierno suspende ahora durante dos años esa medida con el argumento de que "cuando las circunstancias cambian hay que tenerlo en cuenta en nuestra legislación", tal y como ha señalado el Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Es cierto que las circunstancias condicionan la legislación en cada tiempo, pero en UNT nos preguntamos: ¿tanto han cambiado en 2011 las circunstancias que motivaron la reforma laboral de 2010, realizada ya en plena crisis económica, en la que se incluyó esta casi única medida positiva? Es decir, se mantiene todo lo negativo de aquella reforma laboral y se termina por eliminar –en principio temporalmente– lo único positivo que tuvo…

Que la crisis económica ha ido a peor y que seguramente esa situación se mantenga aún por mucho tiempo es una obviedad, pero ¿qué incidencia va a tener la suspensión de esa medida en la contratación laboral como para justificarla? ¿Se va a contratar más por ello? Según el Ministro, “preferimos tener un trabajador temporal antes que a un parado”, pero él sabe que ese argumento, típicamente capitalista y propio de quienes sólo buscan justificar la pérdida de derechos laborales, es falaz: quien quería evitar la conversión de un contrato temporal en indefinido no recurría simplemente a la no renovación del contrato del trabajador afectado, sino también a la posterior contratación de otro para sustituirle y que estaba seguramente en el paro. Es decir, la medida adoptada por el Gobierno no va a reducir el número real de parados, sino que en todo caso frenará la rotación de empleos, algo que en nada beneficia globalmente a los trabajadores y que más bien podría condenar a muchos desempleados a una situación más angustiosa, permanente y duradera. Ello sólo puede tener una consecuencia “positiva” para las arcas públicas: reducir la cantidad de prestaciones por desempleo actuales al verse prolongado el tiempo en que los mismos parados siguen en su situación sin poder cotizar para seguir cobrando la prestación. ¿No será esta la verdadera intención del Gobierno?

2.- Contrato de Formación

El nuevo contrato de formación, ahora denominado “para la formación y el aprendizaje”, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años (hasta ahora el límite máximo era de 21 años, incluyéndose hasta los 25 para los contratos realizados antes del 31 de diciembre de 2011) sin cualificación profesional (que carezcan de título universitario, de formación profesional o de un certificado de profesionalidad), añadiéndose una ampliación de la edad máxima hasta los 30 años para los contratos que se celebren antes del 31 de diciembre de 2013. Es decir, que como más del 46% de los jóvenes menores de 25 años se encuentra en situación de desempleo, el Gobierno pretende paliar su situación por la vía de ampliar la edad de aplicación de estos contratos temporales y bonificados. ¿Hasta qué edad se propone ampliar en el futuro este tipo de contratos de formación? Llegará el día en que no les duelan prendas en ampliar la edad hasta más allá de los 30 años, y si es así, ¿cuándo esperan que los españoles tengamos un trabajo estable? La reciente reforma de las pensiones amplió los tiempos de cotización, y sin embargo a la vez vemos como se alarga más y más la incorporación de los jóvenes al mundo laboral en unas condiciones mínimamente aceptables de estabilidad, y eso no es sino una muestra clara de la contradicción que vive el actual modelo de producción capitalista que nos toca padecer.

Este contrato, si se realiza con un desempleado, estará en gran medida exento de cotizar a la Seguridad Social durante su vigencia, ya que las pequeñas empresas, de menos de 250 trabajadores, no cotizarán nada (exención del 100%) y el resto se beneficiarán de un descuento del 75%.

El nuevo contrato de formación tendrá una duración mínima de entre 1 y 2 años frente a los 6 meses mínimos previstos hasta ahora, con posibilidad de prórroga hasta un tercer año. Si una vez finalizado el contrato se convierte en indefinido, tendría una reducción en las cotizaciones sociales de 1.500 euros durante tres años (que ascendería a los 1.800 en el caso de contratos de mujeres).

La retribución de los trabajadores con este contrato será la misma que la establecida para cualquier otro trabajador en el convenio colectivo aplicable y no tendrán ninguna diferencia en cuanto a protección social (desempleo, etc.).

Otra novedad es la reducción del porcentaje de jornada hasta el 75% de la jornada laboral frente al 85% anterior. El restante 25% restante se dedicará a formación en un centro autorizado.

3.- Conversiones

Se amplían las bonificaciones a la conversión de los contratos temporales, celebrados antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, en “contratos de fomento de la contratación indefinida” (que tienen una mísera indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades), conversiones que podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2011. Dicho plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2012 para los contratos temporales celebrados a partir de la entrada en vigor de la norma, siempre que su duración no exceda los 6 meses.

La conversión de contratos temporales en indefinidos por esta vía que pretende abaratar los despidos, tendrá una bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social de 1.500 anuales durante 3 años y de 1.800 anuales en caso de las mujeres.

4.- FOGASA

Se extiende hasta 2013 la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) financie a los empresarios 8 días de la correspondiente indemnización al trabajador por despido. Desde el 1 de enero de 2012 sólo se realizará dicha financiación en los casos de extinciones objetivas procedentes, único matiz interesante en la medida en que reafirma el importante principio –cada vez más cuestionado– de la causalidad del despido. No olvidemos que la tendencia a la “descausalización” de los contratos y del despido (es decir, que se puedan realizar sin necesidad de una causa que los justifique) es una constante en todas las reformas laborales que se van haciendo en las últimas décadas, si bien afortunadamente nunca se ha llegado a consagrar y hasta ahora sólo se ha limitado a ir mitigando sus consecuencias.

También está previsto que el FOGASA se integre con el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) en un único organismo en el plazo de seis meses, de forma que se racionalicen mejor los recursos humanos.

5.- Plan Prepara

Se confirma la prórroga por 6 meses más del pomposa y ridículamente denominado "Plan Prepara" (que sirve para subsistir más que para preparar), que incluye una ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado toda prestación. Cerca de 128.000 personas se encuentran en esta situación, según los datos del Gobierno, un número verdaderamente considerable.

6.- Fondo de capitalización del despido

Se traslada el compromiso de presentar un Proyecto de Ley para crear el “Fondo de Capitalización” individual de cada trabajador para costearse la prestación por desempleo (según el conocido “modelo austríaco” aprobado en la Reforma Laboral de 2010) al primer semestre de 2013, dado que la situación de la economía española, según Valeriano Gómez, no permite ponerlo en marcha actualmente.

Conclusión

En definitiva, esta última pequeña Reforma Laboral del Gobierno es negativa, restrictiva de derechos laborales (especialmente para unos jóvenes que parecen abocados a la precariedad indefinida), con matices positivos meramente anecdóticos y que vuelve a ser un parche que no resuelva absolutamente nada.

La economía capitalista está pasando por una fase de crisis sistémica que no puede afrontarse con medidas antisociales y de alcance tan limitado como estas o las de la anterior Reforma Laboral de 2010. Este es el fondo del asunto: el capitalismo está fracasando como sistema económico, se hunde y en vez de buscar alternativas reales, los diferentes gobiernos sólo ponen parches antisociales con los que están logrando hundirnos a todos. ¿Por qué tenemos que pagar los trabajadores siempre los platos rotos del Sistema? ¡¡¡Ya está bien!!! ¡¡¡Es hora de buscar alternativas!!!

Pues bien, guste o no guste UNT seguirá apostando por un sistema económico alternativo, basado en el trabajo, en el crecimiento natural de la economía, en la propiedad privada de las cosas y la social de los medios de producción, en un mercado intervenido pero no dirigido, en un sistema monetario basado en la productividad real y no en el interés y la especulación, en una banca nacionalizada que ponga el dinero en manos de la sociedad, en la recuperación de la soberanía nacional en todos sus ámbitos (económico, político, militar, judicial y administrativo), en una estructuración de la economía de tipo sindicalista, en un sistema en el que la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, etc. Es decir, desde UNT afirmamos con toda rotundidad que la única solución es el Nacionalsindicalismo.

UNT se opone al "pensionazo" perpetrado por el Gobierno, CCOO y UGT, con apoyo de la CEOE y del PP, contra los trabajadores: la estafa continúa

El Sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se manifiesta claramente en contra de la nueva reforma del sistema público de pensiones. El acuerdo al que han llegado el Gobierno con los falsos sindicatos CCOO y UGT (con el anunciado apoyo de la CEOE y del PP) consiste en ampliar de forma gradual a 25 años el periodo cálculo de la cotización (actualmente es de 15 años), lo que, según un informe de Labour Asociados para la Seguridad Social, y calculando sobre 20 años en vez de 25, bajaría las pensiones una media de 60 euros (algo más de un 5%), si bien muchas voces han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las prestaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe medio un 30%. A ese acuerdo se añade el retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años (pudiéndose jubilar a los 65 quien haya cotizado 38,5 años), lo que supondría, según un reciente estudio de AXA, una reducción adicionas de entre un 17,3% y un 21,3% en las pensiones.

En teoría, según denuncia UNT, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la inmensa mayoría de ellos. Saldrían perjudicados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados normalmente son los mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión por diluirse estos últimos años en un cómputo en el que se tendrán en cuenta muchos años con menor cotización.

En diciembre de 2006 ya el vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendía públicamente una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”. Y en el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido era que el sistema actual es insostenible y que la única forma de garantizar su viabilidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, una argumentación falsa con la que se pretenden ocultar los verdaderos defectos del actual sistema de Seguridad Social y, de paso, fomentar la idea de la necesidad de generalizar fondos privados de pensiones que actúen de forma complementaria (para mayor gloria de las entidades financieras capitalistas, claro).

Los dos argumentos más importantes tradicionalmente esgrimidos para criticar el actual modelo son los siguientes:

1.- La demografía apunta en un sentido preocupante. El primer informe que predijo esto fue de 1995 (del Servicio de Estudios de La Caixa y los investigadores de FEDEA), y vaticinaba una proyección poblacional que no se ha cumplido ni de lejos (a causa de la inmigración fundamentalmente), un déficit para 2025 del 1,3% del PIB (algo que obviamente no va a suceder, al menos en esa fecha, pues actualmente el superávit anual ha supuesto la creación de un fondo de reserva de cerca de 65.000 millones de euros), y un montón más de datos que no se han cumplido (número de pensionistas para 2010, porcentaje del PIB necesario para mantener las pensiones, número de cotizantes a la Seguridad Social, etc.). Los expertos simplemente no dieron ni una.

Aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es que la inmigración ha mitigado notablemente los efectos negativos que se esperaban a causa de la escasa natalidad. Sin los seis millones de inmigrantes que hay en España la situación de la Seguridad Social sería notablemente peor, ya que casi todos ellos están en edad de trabajar y su nivel de natalidad es más elevado que el de los españoles. La inmigración ha supuesto efectos negativos en otras materias, pero desde luego no en esta. Y eso son datos objetivos difícilmente rebatibles.

El otro aspecto demográfico a tener en cuenta es el de que la inversión de la pirámide poblacional tiende a equilibrarse a largo plazo. Es decir, la reducción de la natalidad producida desde los años 80 supone que a partir de 2060 (momento en el que habrá unos 16,5 millones de pensionistas –el doble que en 2010–) el número de pensionistas se reducirá notablemente año a año y se volverá al equilibrio aproximadamente en una década (incluso podría volverse a una pirámide clásica si se incrementara la natalidad).

El principal problema, pues, resulta ser transitorio. Lo verdaderamente importante es conseguir un cuantioso fondo de reserva para afrontar las dificultades que se van a dar entre los años 2040 y 2060, que son los años realmente problemáticos para el actual modelo de pensiones.

No obstante, hay un dato que sí hay que tener en cuenta seriamente, y es el del aumento de la esperanza de vida. Su efecto es importante. No tanto como se dice cuando se relaciona con la inversión de la pirámide poblacional, pero aún así hay que reconocer que es importante, aunque sin llegar a ser determinante (sólo lo sería en combinación con otros factores de tipo económico, productivo y financiero). Pese a todo, el dato del aumento de la esperanza de vida es una verdad a medias, ya que dicho aumento no se ha debido sólo a que los ancianos vivan más tiempo -que también-, sino en no menos importancia a la gran reducción de la mortalidad infantil en las últimas décadas. Por tanto, el dato relevante no es el de la mayor esperanza de vida, sino el del tiempo que un pensionista cobra la jubilación hasta que fallece, y si bien se ha ido incrementando progresivamente, lo cierto es que sólo lo ha hecho en algo más de dos años desde que se implementó el actual modelo.

Y es que, más que el de la población, el problema es que los jóvenes se incorporan al mundo laboral cada vez más tarde mientras los trabajadores veteranos son expulsados del mismo cada vez más pronto. No es sostenible el modelo si se empieza a trabajar a los 30 años y con contratos temporales, se prejubila uno a los 55 habiendo cotizado apenas 20 años por culpa de los largos períodos de desempleo cobrando ayudas públicas, y se vive hasta los 85 años.

Esto sí es grave, y pone el dedo en la llaga sobre el verdadero problema: la desocupación efectiva que hace que las personas activas que sostienen el sistema de pensiones sean cada vez menos en relación al número de pensiones que deben sostener. Pero ese es un fallo del Sistema capitalista que está haciendo aguas por todas partes, por lo que las soluciones necesarias han de ser enfocadas a ese problema real, y no poniendo los parches que el Gobierno, CCOO y UGT acaban de poner (aunque en el propio acuerdo se establece un calendario de revisión, por lo que los cambios no han hecho más que empezar).

2.- Los fondos privados de pensiones. El debate sobre la reforma de pensiones viene siendo azuzado especialmente desde la banca y las aseguradoras para potenciar la opción por su negocio de los fondos privados de pensiones. La realidad ha puesto en evidencia la poca seguridad de esos fondos. Miles de personas han perdido gran parte de sus ahorros en los fondos privados de pensiones, y sin embargo el Sistema sigue incentivándolos porque son una constante fuente de ingresos que revierten en el propio Sistema en la medida en que son invertidos a cambio de una rentabilidad que no siempre se produce y que desde luego no está garantizada.

Del debate de los años 90 sobre la necesidad de pasar de un sistema de pensiones de reparto (los que trabajan pagan las pensiones de los jubilados) a uno de capitalización (la pensión a recibir será el resultado de lo capitalizado en el fondo de pensiones durante la vida laboral), se ha pasado al debate sobre la necesidad de reducir las pensiones públicas a un mínimo “sostenible” y obligar a complementarlas con el fondo privado de capitalización. La idea de la capitalización como forma de incentivar la responsabilidad individual podría ser en parte positiva si se incardinara dentro del sistema público de pensiones, pero lo que hace sospechar que hay gato encerrado es que todos los que lo proponen se empeñan en que esos fondos basados en la capitalización han de ser privados… Y es que no puede obviarse el hecho de que la capitalización siempre es más interesante para quien tiene más capacidad de ahorro, lo que perjudica claramente a las personas de menor renta. Se puede tener mucha voluntad de ahorro para capitalizar y no tener la capacidad suficiente para garantizarse una pensión digna, por lo que la capitalización como modelo no garantiza criterios de justicia (y eso por no hablar del mayor reto que supone para este modelo el incremento de la esperanza de vida).

Medidas a tomar

A corto plazo UNT considera que se imponen medidas como el que sólo las prestaciones contributivas se cubran con lo recaudado por las cotizaciones. Actualmente se siguen incumpliendo las previsiones del Pacto de Toledo en este aspecto, de forma que la previsión de que en 2013 se llegue a cumplir dicho acuerdo se antoja imposible (unos 4.266 millones de euros de cotizaciones se siguen destinando a complementos de mínimos no contributivos, lo que supone el 5% del gasto anual en pensiones). También podría establecerse un ligero incremento de las cotizaciones, se debe desarrollar un sistema de apoyo real a las familias para fomentar la natalidad (incluyendo la penalización del crimen del aborto) y equilibrar la pirámide poblacional lo antes posible, y, sobre todo, debe emprenderse un ambicioso proyecto de fomento del empleo que logre aumentar el número de cotizantes a corto plazo (aunque para consolidar esto es necesario cambiar el modelo económico y financiero actual).

Además, debe adelantarse en lo posible la edad de entrada en el mundo laboral dignificando las profesiones no universitarias, al tiempo que debe alargarse la edad de jubilación real (63 años) para acercarla lo más posible a la hasta ahora legal (65) y conseguirse una mayor estabilidad laboral a lo largo de la vida, pues cada vez es mayor el tiempo que un trabajador pasa en situación de desempleo.

También pueden lograrse grandes resultados incentivando más el retraso voluntario de la edad de jubilación, algo que siempre es mejor que el retraso obligatorio e indiscriminado, pues en algunas profesiones con 67 o incluso 70 años se está en plenitud de facultades y se puede tener ganas de seguir trabajando, mientras que en otras ya resulta duro trabajar con 60. Aquí el acuerdo supone una solución intermedia consistente en permitir la jubilación a los 65 años de quienes hayan cotizado al menos durante 38,5 años y retrasar al resto la jubilación hasta los 67 . Esto podría ser más o menos aceptable en los tiempos en que la estabilidad en el empleo era la nota dominante, pero en una época caracterizada precisamente por la precariedad, por la dificultad de acceder al mundo laboral y por la prematura expulsión del mismo antes de cumplir los 60 años, el resultado de dicha propuesta dará lugar a muchas injusticias si antes no se atajan los problemas estructurales, algo imposible de hacer en el sistema capitalista actual.

En cuanto a las medidas que pueden tomarse a medio plazo, desde UNT planteamos la posibilidad de suprimir los regímenes especiales y que todos los trabajadores –al menos los que lo hacen por cuenta ajena, pues el caso de los autónomos es más complejo– se integren en el Régimen General de la Seguridad Social, ya que la principal diferencia entre esos regímenes y el general consiste en que las cotizaciones sociales realizadas por la empresa son menores. Esa consideración tenía más sentido en los tiempos en que las diferencias de productividad entre los diferentes sectores eran mayores de lo que son hoy en día, si bien para adoptar esa medida sería preciso afrontar previamente el reto de rediseñar el futuro de la agricultura, de la minería y del trabajo en el mar. La situación de esos sectores no aconseja unificar los regímenes a corto plazo y sin afrontar ese problema, pero eso es algo que puede hacerse perfectamente a medio plazo.

Los ingresos obedecen a un modelo que también debe redefinirse, ya que es el aspecto más fluctuante en los momentos de crisis económicas. En tal sentido, el sistema capitalista supone una dificultad añadida en cuanto impide plasmar los incrementos de la productividad en un incremento correlativo de la contribución, dado que los márgenes de ganancia capitalista requieren crecimientos exponenciales para poder pagar los intereses del capital y mantener al mismo tiempo los beneficios empresariales que garanticen la viabilidad. La eliminación de esos intereses capitalistas permitiría que, en un sistema con una banca nacionalizada y con una función social y productiva, unido a una sindicalización efectiva de las empresas según el modelo nacionalsindicalista, gran parte de los beneficios empresariales podrían dedicarse a nutrir el sistema de Seguridad Social.

A largo plazo UNT considera que no hay otra solución que la de alterar el Sistema económico y de previsión social actual, acabando con la usura, con la banca privada y con la asignación de la plusvalía al capital, de forma que todo ello integre un sistema nacional basado en la gestión de los propios trabajadores por medio de sindicatos unitarios, tal y como propone el Nacionalsindicalismo.

En conclusión, desde UNT se considera necesario afrontar los grandes retos del sistema de Seguridad Social, pero partiendo de la idea de que no basta con tomar medidas a corto plazo ni deben tomarse tampoco medidas injustas. El problema reside principalmente en el Sistema capitalista, en su modelo productivo y el mundo laboral que genera, así como en la injusta manera que tiene de distribuir los beneficios derivados de los incrementos de productividad. Sólo un sistema económico más justo, como el Nacionalsindicalismo, puede servir de base a un sistema de seguridad social más equitativo y asentado sobre unas bases más sólidas.

UNT, pues, rechaza tajantemente el acuerdo adoptado por los "sindicatos" traidores a los trabajadores y un Gobierno vendido al capitalismo internacional, que es actualmente y más que nunca quien le marca las políticas a realizar, y procurará apoyar cuantas iniciativas y protestas se convoquen en contra de este atropello. ¿Alguien tenía dudas de que, como siempre, CCOO y UGT iban a vender una vez más a los trabajadores para intentar salvarle las próximas elecciones al PSOE?

La reforma de la pensiones supondrá una rebaja del 20% de las mismas... salvo para los políticos (ellos seguirán con sus privilegios)

Un estudio de AXA mide el impacto de las medidas que el Gobierno aprobará en enero

Retrasar el retiro hasta los 67 años reducirá la prestación entre un 17,3% y un 21,3%

La reforma de las pensiones que prevé el Gobierno supondrá un recorte de un 20% en las jubilaciones, según un estudio de AXA.

El informe revela que el impacto de alargar el periodo de cálculo a 20 años superará el 3%. Mientras que ampliar la jubilación a los 67 significará un recorte de más de un 17%.

El informe revela cómo el impacto para el pensionista (o el ahorro para la Seguridad Social) de ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 oscila entre el 3,4% y el 4,5%, según los diferentes escenarios utilizados de edad del trabajador, salario y años cotizados. Sin embargo, el retraso de la edad de jubilación es mucho más contundente para la pensión y, por consiguiente, introduciría mucha más salud en las cuentas de la Seguridad Social. En ese caso el recorte de la prestación varía entre el 17,3% y el 21,3%.

El estudio de AXA ha tomado en cuenta los datos salariales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de pensiones del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Además, ha incluido supuestos de variables económicas como una inflación media anual del 2% y una subida de salarios (que incluye el efecto de mejoras retributivas más allá de las actualizaciones anuales de sueldo) del 3,5% para algunos casos y del 3,75% para otros.

La determinación del impacto de la ampliación del periodo de cálculo es más sencilla, ya que basta con promediar las bases de cotización de los últimos 20 años, en lugar de los últimos 15.

Un aspecto a tener en cuenta es lo que sucedería si el Gobierno, además de elevar de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión (estudia llegar incluso a los 25), sube en la misma proporción los años de cotización exigidos para acceder a una prestación contributiva (hoy son 15). Eso incrementaría el número de trabajadores que se quedan sin pensión.

Actualmente, quien ha cotizado 14 años y 11 meses no tiene pensión, y quien llega a 15 años y un mes recibe el 50% de su base de cotización. Si el Gobierno modifica ambos parámetros, el ahorro para la Seguridad Social subirá. Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales, referidos a 2006, más del 2% de los trabajadores de entonces, esto es, unos 400.000, no llegaría al mínimo de 20 años cotizados.

Entre los que sí llegaran a esos 20 años, el recorte sería más notable en función de cuántos más años hubiesen aportado a la Seguridad Social. Pero, ¿qué pasaría si el periodo de cálculo se llevase más allá, a 25 años o, incluso, a toda la vida laboral? «En caso de que en vez de tomarse los últimos 20 años cotizados, se tomara toda la vida laboral, además de alcanzarse el óptimo en términos de contributividad y equidad, se elevaría el ahorro en unos cinco o seis puntos porcentuales más», sostiene Luis Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA.

Algo más complejo es determinar el impacto del retraso de la edad de jubilación. AXA ha establecido la equivalencia actuarial entre la renta a recibir a los 65 años y la que correspondería a los 67 con las propias tablas que usa la Seguridad Social para el caso de rentas que se anticipan.

No hace falta ser economista, en todo caso, para determinar que la medida es beneficiosa para la Seguridad Social. Un trabajador que en vez de retirarse a los 65 años lo hace a los 67 aporta (él y, sobre todo, su empresa) dos años más de cotizaciones a la Seguridad Social. Pero es que, además, el sistema abona la pensión durante dos años menos. Es decir, el ahorro global es de cuatro años a efectos de Seguridad Social.

De nuevo cada caso es distinto -la propia casuística es infinita, pues no hay dos trabajadores iguales- pero las conclusiones no difieren en exceso. Trabajar dos años más y cobrar dos menos de pensión supone un ahorro para la Seguridad Social que ronda el 20%.

En general, cuanto mayor es el nivel salarial, peores son las consecuencias de retrasar la edad de jubilación. El recorte es mayor en las carreras de cotización más cortas.

Quizá es aún más relevante otro ratio, que es el que de verdad puede medir si una pensión es o no suficiente. La denominada tasa de sustitución, es decir, la ratio entre la pensión a recibir y el último salario cobrado. Esto mide cuánto cae el poder de compra al acceder a la jubilación.

Hoy por hoy, son los trabajadores de altos salarios los que más caída sufren, al estar topada la base de cotización y también la pensión máxima. Pero también son penalizados -al haber contribuido menos- quienes han cotizado pocos años.

La tendencia se agudiza con las dos medidas de recorte que llegarán al Congreso en enero. Para un salario medio, la pensión, en el caso de un trabajador que ha cotizado 35 años, representará el 73% de su último salario. Para un sueldo bajo, la tasa de sustitución es ligeramente más favorable, del 74,7%. Sin embargo, un empleado con renta alta se ha de conformar con una pensión que no llegue al 40% de su salario.

Eso sí, mientras los políticos piensan en endurecer las condiciones de las pensiones, rápidamente se han puesto de acuerdo de acuerdo todos los partidos en mantener al margen el régimen privilegiado que ellos mismos mantienen: diputados y senadores seguirán cobrando ¡¡a los 60 años!! el 80% de la pensión máxima (que es de 2.500 euros al mes) con sólo haber cotizado durante 7 años, el 90% si han cotizado 10 años, y el 100% si lo han hecho durante 12 años.

Por lo que se ve, ni a ellos les da vergüenza, ni los españoles tenemos la conciencia suficiente para dejar ya de una vez que esos "señores" nos sigan estafando de esta manera.

Comunicado de UNT ante las últimas medidas económicos del Gobierno

Desde Unión Nacional de Trabajadores (UNT) queremos mostrar nuestro rechazo a las medidas del Gobierno adoptadas este viernes 3 de diciembre, precisando que algunas de ellas sí son positivas, aunque están insertadas en un contexto negativo que las hace insuficientes, contradictorias y de eficacia limitada.

Consideramos positivas las siguientes medidas:

1.- Ampliación de los supuestos de empresas que se pueden acoger a la tributación reducida del Impuesto de Sociedades del 25%, de forma que se incluye a empresas con un volumen de negocios de hasta 10 millones de euros (antes era de 8 millones), y se amplía el primer tramo de la base imponible de 120.000€ a 300.000€.

2.- La libertad de amortización o no tributación de las inversiones en Sociedades se amplía a todas las empresas y hasta el ejercicio de 2015.

3.- Simplificación de los trámites para crear empresas, de forma que se puedan crear en 24 horas. El problema burocrático ha sido siempre un lastre en España, y de esta forma se verá aliviado.

4.- Un trabajador autónomo podrá constituir una sociedad -si tiene un capital inferior a 30.000€- en un plazo de 5 días.

5.- Incremento en 1.500 del número de orientadores del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Tarde, como siempre, pero bienvenidos sean.

No son tan positivas otras medidas, destacando las siguientes:

1.- Supresión de la obligatoriedad de pagar la cuota a la Cámara de Comercio. No dudamos de que ello aliviará algo la situación económica de las empresas en peor situación económica, pero no es menos cierto que las Cámaras de Comercio prestan un servicio muy importante y van a ver reducidos sus recursos de forma dramática (el 60% de sus ingresos son la vía de las cuotas). Es más, hasta ahora la realidad es que las grandes empresas pagaba el grueso de las cuotas (el propio Gobierno reconoce que las PYMES sólo ahorrarán 90 millones de euros de los 250 del total de las cuotas que se dejarán de pagar). ¿Que será de los numerosos servicios que estas Cámaras prestaban a los pequeños empresarios? Hablamos de la ventanillas únicas, del apoyo a mujeres empresarias, a los emprendedores, etc.

2.- Eliminación del subsidio de 426€ a parados de larga duración. Que se persiga el posible fraude o el rechazo de empleos idóneos es algo que sí habría que hacer con más diligencia, sin duda, pero dejar sin recursos a quienes realmente no logran encontrar empleo, y más en una situación económica tan difícil, es injusto y tremendamente antisocial. No se puede hacer esto a los sectores más débiles. Una vez más, pagan justos por pecadores.

3.- Integración de los funcionarios de nuevo ingreso en la Seguridad Social. Es una medida sin sentido y que sólo busca la obtención de ingresos a corto plazo para la Seguridad Social, y ello sin tocar ningún problema de fondo y acabando con el Régimen Especial de Clases Pasivas (y, consiguientemente, con las mutualidades de funcionarios: MUFACE, ISFAS y MUGECU), lo que supondrá un considerable recorte en las futuras prestaciones de los colectivos afectados. Es la típica medida de un gobierno irresponsable y que no sabe qué hacer.

4.- Regulación de las Agencias Privadas de Colocación. La última Reforma Laboral ya dio luz verde a la privatización de la prestación de los servicios de desempleo, y ahora se acelera ese proceso. Prepárense los desempleados a que se les aprieten bien las tuercas con cursos ridículos, ofertas inapropiadas, etc. Estas agencias no buscarán dar empleos adecuados, sino hacer caja... Todos sabemos cómo funcionan las mutuas en los casos de accidente laboral (te dan de alta como sea), pues bien, algo parecido pasará ahora con los parados.

5.- Estatuto del Trabajador Autónomo. Sobre este tema ya se mostró en su día UNT contraria, admitiendo como positivos algunos derechos que ahora se reconocen y que se regularán definitivamente, y rechazando la legalización del "falso autónomo" como "trabajador autónomo económicamente dependiente" con menos derechos que los demás trabajadores.

6.- Privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. Esta medida sólo se le puede ocurrir a un gobierno incompetente e irresponsable a más no poder. ¿Cómo se puede privatizar un negocio tan seguro como este? Un negocio sin pérdidas, que sólo puede dar beneficios es ilógico que se privatice. ¡¡¡Es absurdo!!! ¿Tan mal están las cuentas del Estado que se está dispuesto a vender la gallina de los huevos de oro con tal de obtener un dinero en efectivo a corto plazo? Sin duda las cuentas del Estado están muchísimo peor de lo que se dice, pues si no nadie tomaría una medida tan absurda y desesperada.

7.- Privatización de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. Nuevamente se habla de privatizar negocios seguros que son una gran fuente de ingresos. Ridículo, absurdo y sin más sentido que el de la desesperación de hacer caja a corto plazo como sea...

Esta es la realidad de las reformas del Gobierno y por eso no servirán para nada a medio plazo. De ahí que UNT, sin dejar de señalar que el problema es el Sistema capitalista y que hay que cambiar de Sistema, insista en la necesidad de adoptar a corto plazo las medidas siguientes:

· Medidas fiscales: IVA: reducción del IVA al mínimo legal del 15%, a fin de proponer su reducción temporal al 10%; reclasificación de los productos y actividades para incluir en los tramos del 7% y del 4% algunas actividades y productos ahora incluidos en los tramos superiores; IAE: aumento de las bonificaciones para propiciar la dinamización económica; IRPF: rebaja impositiva de los tramos más bajos a cambio de un aumento de la progresividad en los tramos más altos, de forma que se alivie la presión fiscal de quienes tienen menos recursos; Impuestos patrimoniales: eliminación de los privilegios fiscales de las SICAV (las grandes fortunas sólo tributan con ellas al 1%) y recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio hoy en proceso de eliminación.

· Medidas económicas: ICO y banca pública: incremento de los recursos económicos del ICO para garantizar el apoyo financiero de las empresas; concesión por parte del ICO de créditos sin intereses en casos especiales de interés social; aprovechamiento de la estructura del ICO para crear una banca pública nacional que esté al servicio de la economía española; las entidades bancarias que precisen una intervención pública deben aceptar la entrada del Estado en su propiedad, terminando con la política de socialización de pérdidas y privatización de ganancias; SEPI: transformación de la SEPI para que participe en la dinamización económica, incluyendo a las grandes empresas de las que dependen muchas PYMES, por medio de la intervención pública, y que evite la liquidación de las empresas viables en crisis o su deslocalización, de forma que sean saneadas y cooperativizadas; Obras públicas y VPO: incremento de las obras públicas; potenciación de las Viviendas de Protección Oficial a fin de resolver el problema de la vivienda, tratándolo como un bien básico, y no un simple negocio especulativo; Energía: más esfuerzo en materia de energías alternativas a fin de reducir la enorme dependencia española del petróleo y para reducir los costes energéticos; I+D+i: es preciso potenciar a fin de trasformar el modelo productivo español, hoy centrado en sectores intensivos en mano de obra poco cualificada, en un modelo de producción de bienes y servicios de alto valor añadido.

· Medidas legislativas: Armonización del mercado interior: terminar con los 17 modelos distintos, que están teniendo un impacto muy negativo en las empresas y en la economía en general, armonizando racionalmente el mercado interior; Modificación de la legislación tributaria: a fin de hacer posibles las medidas fiscales apuntadas en primer lugar.

· Medidas políticas: Partidos políticos y sindicatos: suspensión temporal de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos; reducción temporal de los liberados sindicales, a fin de aliviar económicamente a las empresas que atraviesen por dificultades y como muestra de solidaridad sindical; Estado, CC.AA. y Ayuntamientos: reducción salarial para los cargos públicos, de forma que no se sobrepase en tres veces el SMI hasta que se supere la situación de crisis.

Pese a la necesidad de estos “cuidados paliativos”, si no se plantea seriamente el fondo del problema y las posibles soluciones, a la larga dichas medidas no servirán más que para prolongar la agonía de la economía española y poner simplemente un retardo que puede llevarnos al desastre en unas pocas décadas.

Por una vez estamos de acuerdo con el periódico "Público": estos son los ¿sindicatos? que tenemos

UNT se opondrá al "pensionazo" que prepara el Gobierno

El viernes 29 de enero el Consejo de Ministros aprobó una propuesta de modificación del sistema de pensiones que, en las próximas fechas, será planteada a la Comisión del Pacto de Toledo.

Desde UNT no rechazamos de plano todas las medidas planteadas (por ejemplo, que las pensiones no contributivas dejen de ser financiadas por la Seguridad Social, lo cual es una contradicción), pero sí nos oponemos a que se se eleve la edad de jubilación a los 67 años. Además, se trata en su conjunto de parches poco ambiciosos (nada de nacionalizar los fondos privados de pensiones, por ejemplo) y que no forman parte de un nuevo modelo integral de seguridad social.

Es cierto que la esperanza de vida ha ido aumentando y que la pirámide poblacional evoluciona de forma desfavorable al sostenimiento del modelo actual de pensiones, pero ello no justifica una medida que pretende desviar la atención sobre el fondo del problema: el Sistema falla. La pirámide de población se ve afectada por las políticas desincentivadoras de la natalidad (especialmente por medio de ese genocidio legal que es el aborto), y el aumento de la productividad no se ha invertido en mejorar el modelo social (Seguridad Social, reducción de jornada laboral, etc.), y es que, finalmente, todo ello no es sino la consecuencia lógica de la dinámica capitalista en la que estamos insertos y que actualmente no pasa precisamente por su mejor momento.

Desde UNT proponemos un nuevo Sistema basado en la economía sindical: sindicalismo unitario, con propiedad de los medios de producción y dedicación del beneficio no sólo a la propia producción, sino también a labor social y de previsión. Un modelo para los trabajadores y desde los trabajadores, sin el pernicioso instrumento de esos partidos políticos que tanto daño están haciendo a España y a los trabajadores, y que a este paso acabarán con los pocos beneficios sociales que aún quedaban en este Sistema que hace aguas por todos lados.

Por cierto, entre las medidas porpuestas por el Gobierno no parece que se incluya acabar con los privilegios en las pensiones de los políticos. Ya se sabe, derecho a la pensión máxima con tan sólo dos legislaturas y cosas así...

¡¡¡Es hora de movilizarse!!!

El Gobierno planea junto al PP un recorte de pensiones

Gobierno y oposición están preparando una nueva convocatoria del Pacto de Toledo para iniciar la reforma del sistema de pensiones. La propuesta podría ser la de ampliar de forma gradual a 20 años el periodo cálculo de la cotización (actualmente es de 15 años), lo que bajaría las pensiones una media de 60 euros, aunque las dos formaciones han defendido en los últimos años ampliar el cálculo de las prestaciones a toda la vida laboral, lo que reduciría su importe un 30%.

Según revela un informe elaborado por Labour Asociados para la Seguridad Social, “el alargamiento del periodo de cálculo de las pensiones de jubilación tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre aquellos que se jubilan a los 65 años”. La consultora estima en más de un 5% la reducción, alrededor de unos 60 euros, a los que habría que sumar otra reducción del 5% aprobada en la reforma de 1997. Es decir, en total, las últimas reformas del sistema (si sale adelante la actual propuesta) rebajarán hasta un 10% el importe de las pensiones de los españoles.

En teoría, la ampliación supondría un beneficio para algunos cotizantes y un perjuicio para la mayoría de ellos. Saldrían beneficiados aquellos que son expulsados del mercado laboral a partir de los 50 años y, por lo tanto, sus últimos 15 años de cotización quedan deteriorados y son peores que los anteriores. Pero en una carrera laboral tradicional, los últimos años cotizados son los mejores y, por ello, un aumento del plazo de cálculo provocaría una rebaja de la cuantía de la pensión.

Según el estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), para una ampliación del periodo de cálculo hasta 45 años (que se acerca mucho al supuesto de determinar las pensiones teniendo en cuenta toda la vida laboral), las prestaciones por retiro caerían un 30%.

En diciembre de 2006 ya el vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendía públicamente una “revisión permanente” del sistema público de pensiones, que tenga como objetivo “un modelo de proporcionalidad puro” que “tenga en cuenta toda la vida laboral”. Y en el mismo sentido se pronunciaba el equipo económico del PP en 2003, precisamente en las reuniones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El argumento esgrimido es que el sistema actual es insostenible y que la única forma de garantizar su viabilidad es ampliando el periodo de cálculo a toda la vida laboral, una argumentación falsa con la que se pretenden ocultar los verdaderos defectos del actual sistema de Seguridad Social y, de paso, fomentar la idea de la necesidad de generalizar fondos privados de pensiones que actúen de forma complementaria (para mayor gloria de las entidades financieras, claro).

Por cierto, ni qué decir tiene que nada de lo anterior afecta a las pensiones de los políticos: con dos legislaturas seguirán teniendo derecho a la pensión máxima legal de jubilación… ¿Cómo es posible que esos estafadores de la política nos tomen el pelo así y los españoles nos dejemos?

En los próximos meses veremos cómo se convoca el Pacto de Toledo y se plantean todas estas cuestiones. ¿Estarán dispuestos los “sindicatos” del pesebre a dar la batalla para impedir este atropello? Se admiten apuestas...

UNT se opone al “pensionazo” contra los funcionarios

El ya de por sí nefasto Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 (ese cajón de sastre que suelen aprovechar los gobiernos para colar de rondón normas más o menos problemáticas que, de esta manera pasan más desapercibidas y requieren menos trámites y controles, especialmente en las “leyes de acompañamiento”) ha incluido en su articulado algunas disposiciones que vienen a modificar el régimen de las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y quedaría modificado de forma sustancial.

La modificación consiste en rebajar un 25% la pensión a todas las personas acogidas a Clases Pasivas que hubieran pasado a la situación de retiro por dichas causas antes de los 20 años de servicio o antigüedad. También impone un régimen de incompatibilidades para dicho personal si se efectúan otros trabajos remunerados que les permita su situación de incapacidad. En este caso se vería reducida la pensión en un 45%.

UNT denuncia que esta medida supone un recorte importante en los derechos sociales de los funcionarios e incluso altera el derecho constitucional al trabajo al modificar también el régimen de incompatibilidad de estas ayudas económicas con el trabajo en el sector privado, además de suponer un corte radical con el principio de incompatibilidad de quien percibe una pensión y no puede prestar ninguna actividad.

¿A qué esperan los demás “sindicatos” para denunciar este abuso que el Gobierno del PSOE está a punto de perpetrar contra los funcionarios y responder con la contundencia necesaria?

Ah, claro, que no es conveniente criticar demasiado a un gobierno “progresista”, y menos aún si financia generosamente el pesebre…

1,2 millones de pensionistas españoles en la indigencia

El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció ayer (15 de febrero) que existen 1,2 millones de pensionistas que reciben prestaciones por debajo de los 500 euros mensuales en España, según puso de manifiesto en el I Congreso de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp), que se celebra en estos días en el Palacio de Congresos de Madrid, y en el que el colectivo reivindica, entre otras cosas, la recuperación a los 65 años de la penalización a la jubilación anticipada. En concreto, este colectivo pide la supresión de los «coeficientes abusivos» que se aplicaron a sus pensiones por haberse jubilado de «forma obligada» antes del año 2002 y antes de cumplir los 65 años. «No tiene ninguna justificación porque ningún jubilado está voluntariamente en esta situación», denuncian los pensionistas.

En este sentido, Granado explicó que de los 4.000 expedientes que denuncian la devolución del porcentaje de su pensión que no recibieron, la Seguridad ha resuelto un total de 500 «de forma favorable», estableciendo una media de los años de cotización de cada jubilado y abonando en una paga compensatoria la cantidad correspondiente.

Por otro lado, el secretario de Estado, reconoció en un arranque de sinceridad que queda pendiente «prácticamente todo» para este colectivo porque, a su juicio, se ha hecho «sólo una parte muy pequeña de todo lo que se puede hacer».

Por su parte, el colectivo demandó también una pensión de viudedad equivalente al 70% de la prestación por jubilación que le correspondería al difunto (actualmente es del 50%), así como la devolución de las partidas de la Seguridad Social que se utilizaron para «tapar agujeros» de los Presupuestos del Estado en el pasado. En este punto, el secretario de Estado recibió numerosas críticas por parte del colectivo al reconocer que el Estado debe devolver a la Seguridad Social el dinero que se usó para prestar asistencia sanitaria.

UNT exige acabar con estas injusticias, ya que es inadmisible que nuestros mayores tengan que vivir en la indigencia después de toda una vida de trabajo. Y es que, independientemente del caso de las pensiones no contributivas -que deberían tener la consideración de prestaciones asistenciales, a cargo pues del Estado y no de los fondos de la Seguridad Social-, son demasiados los pensionistas que han trabajado y cotizado durante toda su vida y viven en el límite de la subsistencia, llegando en muchos casos a tener que sobrevivir gracias a la caridad e incluso rebuscando en los cubos de basura de nuestras ciudades.

Es una vergüenza que esto suceda en la España del siglo XXI y nos limitemos a la mera contemplación. ¿Es así la sociedad que queremos para nuestros hijos? ¿Seguro que nuestro Gobierno es "socialista"? Pero claro, es que así es el "socialismo" de hoy en día, otra vergüenza.

Nuevas normas de cotización

En el BOE del pasado 28 de enero han sido publicadas las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para 2008.

Puedes consultarlas en el siguiente enlace:

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/28/pdfs/A05048-05061.pdf

UNT exige mejores prestaciones sociales para los agricultores

Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se suma a las reivindicaciones de los agricultores y denuncia el incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2005 para mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores de este sector. La patronal agraria ASAJA, asociada a la CEOE, está haciendo imposible la materialización de dicho acuerdo, y ello para mantener al sector agrario lo más desregulado posible, ya que el aumento de las cotizaciones sociales patronales tiene previsto ser compensado con unas ayudas que estarán condicionadas a que los contratos sean de más de dos meses de duración y con un salario superior a los 800 euros. No son pues los aumentos de cotización, sino las condiciones de las ayudas destinadas a compensarlos las que motivan el bloqueo por parte de ASAJA, lo cual resulta de todo punto inadmisible.

Hay que recordar que las cotizaciones patronales en el Régimen General de la Seguridad Social son del 23,6%, mientras que en el Régimen Especial Agrario sólo son del 15,5%; en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, en el Régimen General cotizan el 4,7% y en el Agrario el 11,5%, pese a lo cual las prestaciones no están en los dos casos al mismo nivel, una injusticia para los trabajadores agrarios que sólo podría ser reparada con la integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social, equiparándose tanto las cotizaciones como las prestaciones.

UNT seguirá apoyando a los agricultores en sus justas aspiraciones y se sumará a cuantas acciones reivindicativas se organicen en el futuro, pues la Justicia Social nunca es el fruto de una concesión graciosa, sino una conquista que ha de lograrse día a día.